Dos interesantes artículos de opinión

El pasado 2 de febrero, David Gistau publicaba "El hijoputa y el nasty-party" a cuenta del eposidio de las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre un ex-consejero gallardonista de Caja Madrid. Es una interesante crítica sobre lo que esas declaraciones cazadas por un micrófono indiscreto ponen de manifiesto sobre la político madrileña y presidenta de la Comunidad.

Por otro lado, también el mismo día y a cuenta de las chabacanas palabras de la jueza que juzgaba a Arnaldo Otegui, Fernando Savater publicó un interesante artículo en El País ("Urbanidad... y algo más") en el que conviene, entre otras cosas, que la jueza no sólo debe ser imparcial sino parecerlo. A mí también me escandalizaron las palabras de su señoría, que no me recuerdan la judicatura imparcial y democrática que se exige especialmente en delitos como los relacionados con el terrorismo. ¿Qué sentido tiene que se haga justicia si al final parece que ha triunfado el resentimiento y la venganza? Otegui no es ni será nunca un preso político, pero los jueces tienen que poner de su parte para que tampoco lo parezca ya que, de otro modo, nuestro prestigio en instituciones de defensa de los derechos humanos como el Consejo de Europa quedará en entredicho.

Jurisdicción penal universal: ni un paso atrás

El Congreso de los diputados ha dado luz verde a la restricción de la jurisdicción penal universal. La intención de algunos grupos, empezando por el PSOE, es la de volver al criterio de la conexión con España para el posible enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. En esto, como en otras muchas cosas, el PP parece mostrar su acuerdo con el PSOE. Juntos van a conseguir dar un paso atrás en materia de defensa de los derechos humanos. Incluso otros partidos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) han manifestado estar a favor de un reforzamiento del Tribunal Penal Internacional a la vez que de un recorte de la jurisdicción universal en España.

Esta postura, que seguramente no nos cansaremos de oír, no deja de ser la aparente cara amable de una reforma que, en realidad, es un retroceso importante en materia de la ya precaria protección de los derechos humanos. No debemos olvidar que las herramientas de las que dispone el derecho internacional son aún claramente deficientes. Esto se debe a que los sujetos de derecho internacional son los estados y los organismos internacionales. Son los propios estados violadores de los derechos humanos los que deben prestar su consentimiento mediante tratado para crear mecanismos de protección a nivel internacional como el Tribunal de la Haya. El cinismo de la postura de los grandes partidos y de UPyD radica en alabar las bondades de esos mecanismos internacionales de protección al tiempo que ocultan a la ciudadanía que esos mecanismos son inútiles cuando se trata de luchar contra las vulneraciones más flagrantes y, más a menudo, las más impunes. Sin duda, los países occidentales deben hacer un gran esfuerzo por lograr la democratización de países como China, para obtener un compromiso serio en la defensa de los derechos humanos. Pero la comunidad internacional no puede ni debe permanecer de brazos cruzados contemplando como la brutal represión se ceba con civiles inocentes en China, Irán y otros muchos países gobernados por las tiranías más sanguinarias.

Lo cierto es que la jurisdicción penal universal, si no es muy efectiva, sí logra acabar con parte de la impunidad de la que gozan algunos dirigentes mundiales y, en contra de lo que dicen algunos, no es cara ni colapsa la Audiencia Nacional (es un número ínfimo de casos). Por otro lado, cabe recordar que la jurisdicción penal universal responde a la necesidad de perseguir los casos más graves de infracción de los derechos humanos y no cualquier tipo de vulneración. Es, por tanto, una jurisdicción que se justifica por la gravedad que los delitos de lesa humanidad tienen y deben tener para la comunidad internacional. La postura adecuada que debe mantener España, en lugar de dar marcha atrás, es la de ser la adalid europea en esta materia. El gobierno debería impulsar la implantación en toda Europa de la jurisdicción penal universal, no su restricción. Sólo el compromiso del mayor número posible de países occidentales supondría un verdadero punto de inflexión en la materia. De lo contrario, el mensaje que el gobierno estará dando al mundo y a la opinión pública es que realmente no creemos que las vulneraciones más graves de los derechos humanos, se den dónde se den, nos afectan a todos. Nada más lejos de la realidad. La represión que hay en China no es un asunto interno al igual que los fusilamientos del 75 en España tampoco lo eran por más que Franco lo pretendiera. Por supuesto que todos los dictadores, todos los dirigentes de los partidos únicos, todos los déspotas quieren yacer tranquilamente en su cama esperando la última hora sin que les perturbe la acción de la justicia, pero eso no es lo que debe alentar un gobierno que se dice progresista. No hay postura neutral en este asunto ni razones de oportunidad que estén por encima de los derechos humanos.

La irresponsabilidad de los jueces

Como todos recordaréis, el juez Tirado no ejecutó una sentencia condenatoria contra el Sr. del Valle, ahora principal sospechoso del asesinato de la pequeña Mari Luz. De haberse ejecutado la sentencia, este crimen no podría haberse ejecutado, pero no fue así. Este ha sido uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España. Primero, por lo tonto que es. Entiendaseme bien, éste no ha consistido en la condena de un inocente. Simplemente, no se ha metido en la cárcel a quien debía estarlo y todo por la inacción de quienes tienen por función ejecutar lo juzgado. No voy a entrar a valorar en qué grado este fallo es imputable al juez o al colapso del juzgado. O a si este colapso es imputable al juez, a la Junta de Andalucía o a ambos. La cuestión es que el error, por sus consecuencias, ha sido gravísimo y ha generado una enorme alarma social a la par que un descrédito brutal en la justicia.

Gran parte de la responsabilidad de que se haya generado tanta alarma social la tiene no sólo el error en sí sino la incapacidad del sistema para depurar responsabilidades. Esto ha sido así por diversas razones. La primera, la Junta de Andalucía, administración que gestiona la justicia en este caso, goza de una inmunidad preocupante. Sus errores no le pasan factura por diversas cuestiones, entre otras, por la ausencia de alternancia, por la inoperatividad de una oposición incapaz de desbancar al gobierno o de controlarlo y por la extensión omnipresente de la política de la subvención, compradora eficaz de voluntades y silencios. La segunda, porque los jueces en España son irresponsables. En todos los sistemas, se plantea el problema de quién controla al controlador. Los jueces son los encargados de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, pero ¿quién los juzga a ellos si comenten errores? Ellos mismos. Esto tiene una consecuencia inmediata en el caso concreto. La sanción que ha recibido la Secretaria judicial del Juzgado de Rafael Tirado ha sido mucho mayor que la del propio juez, al que se le ha aplicado un pequeño lavado de cara en forma de multa de 1500 €, cómodamente abonable para un funcionario del máximo nivel, como es él.

Y es que el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso, es necesario limitarlo. Pero en España esa limitación afecta a todos los poderes del Estado salvo a la justicia, que parece ser infalible como el Papa. Por eso, me causa estupor que los políticos que han aprobado y mantenido este sistema, corrupto por naturaleza, se rasguen las vestiduras por la nimia sanción que ha recaído sobre Rafael Tirado. Vosotros lo habéis querido, así que asumid vuestra responsabilidad política. El legislador ha sido claramente negligente al permitir que toda una casta funcionarial en este país concentre tanto poder al margen de los mecanismos democráticos de control.

Por todo ello, si realmente somos demócratas y defendemos que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido por él mismo o por medio de sus representantes, la única solución digna que podemos hallar en casos como éste es que un jurado popular juzgue y condene a aquellos jueces que incurran en algún tipo de responsabilidad; que sean las partes afectadas y no sólo la fiscalía quien impulse el procedimiento; que éste siga adelante incluso sin la presencia del ministerio fiscal (porque los fiscales tendrán la inclinación natural de ayudar a sus amigos de casta, los jueces y no al pueblo), y que los jueces no tengan la más remota posibilidad de excluir al jurado del procedimiento. El jurado pues debe ser quien decida sobre las vicisitudes de alguno de sus miembros, incluso otro jurado debería ser el competente para decidir sobre la potestad y las facultades de aquél en el caso concreto. El único principio que debe guiar este nuevo sistema es el de excluir a los propios jueces de cualquier decisión sobre la responsabilidad de sus compañeros. Sólo así, familias como las de la pequeña Mari Luz tendrán justicia.