El radicalismo nunca es gratis

Sorprende ver las reacciones después del doble atentado de Noruega. Los esfuerzos de cierta prensa por hacer parecer el ataque y al atacante como algo aislado, fruto de una mente perturbada (sin duda), el hincapié de otra parte de la prensa por dar la señal de alarma ante el creciente extremismo en ciertas filas de la derecha y la vuelta, una vez más, de la otra prensa a quitarle hierro al asunto de la extrema derecha e incluso a la insinuación de que la izquierda quiere emplear este atentado para alimentar el miedo contra la derecha de cara a las elecciones ¡en España! (leído un tweet de David Gistau: “No puedo creer que estén intentando convertir la masacre noruega en otro 11M con el que dar un vuelco psicológico a las expectativas electorales”).

Sin duda, algo vuelve a estar mal en la sociedad española cuando se plantean este tipo de debates. Y, desde luego, algo de complejo de fascista hay ciertos sectores para que algunos piensen que las llamadas de atención sobre la extrema derecha tengan segundas intenciones contra la derecha democrática. O yo soy muy inocente o, personalmente, cuando critico cualquier extremismo o la dictadura de cualquier signo no busco criticar o perjudicar a la derecha o izquierda democrática que se supone, para algunos, en el mismo lado de los extremistas. Es cierto que hay veces que se dan coqueteos. Los hay socialdemócratas con episodios de esquizofrenia en los que tienen palabras tiernas y amables hacia Cuba o Venezuela. También los hay conservadores especialmente cándidos cuando hablan del franquismo.

Me parece ridículo, en cambio, en este caso, que alguno pueda pensar que alertar del auge del nacionalismo xenófobo y racista en Europa se haga con fines electorales. Nada más lejos de la realidad. Por suerte, el PP está lejos de postulados como los del Frente Nacional francés, el BNP británico, el Partido de los Auténticos finlandeses o el Partido del Progreso noruego. No hay mucho de lo que preocuparse en ese sentido en España.

Estamos hablando de un discurso xenófobo y racista que se está abriendo camino en el resto de Europa a través de partidos que tienen opciones incluso de definir políticas de gobierno como la Liga Norte italiana. Ése es el peligro y los patrocinadores intelectuales de aquéllos deben ser el objetivo de nuestro discurso. No es la ideología conservadora lo que se discute aquí sino ese ultranacionalismo intrínsecamente agresivo y excluyente que siempre puede convertirse en coartada intelectual para la violencia desde el Estado o desde el terrorismo, en cualquier caso con nefastas consecuencias. Por eso hay que recuperar el discurso del respeto; de la integración; de la aceptación y la convivencia en la diversidad, y combatir el discurso de esos aguafiestas intelectuales, reyes de la filosofía glandular, del “yo llamo a las cosas por su nombre” aunque sean ofensivas o se digan con cargas peyorativas, de aquellos campeones de la incorrección política que creen que la diversidad es un blanco moreno y un rubio, que confunden cursilería con empatía y que carecen de toda sensibilidad, de toda capacidad de integración. Basta ya de fascismo, basta ya de allanar el camino a estos disparates, basta ya de darle alas intelectuales a ciertos discursos, basta ya de darle coartadas a monstruos como Breivik, basta ya de incendiar el ambiente. Basta ya.

El avance de la extrema derecha en Europa

Os dejo con los reportajes de El País del domingo pasado sobre el avance de la extrema derecha en Europa. Alarmante.

Le Pen ya compite por la presidencia
Antonio Jiménez Barca. El País. 1 de mayo 2011.

Umberto Bossi o el odio al diferente
Miguel Mora. El País. 1 de mayo 2011.

El peligro llama a la puerta en España
Luis Meyer y Pablo García. El País. 1 de mayo 2011.

Esa derecha extrema que nos asusta

Lluis Bassets. El País. 1 de mayo 2011.

El modelo español de la negociación colectiva

“Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.”

Benito Mussolini

La retórica de la lucha de clases siempre ha tenido mucho éxito desde que el “Manifiesto Comunista” de Karl Marx y Friedrich Engels lo popularizara. El modelo español de la negociación colectiva es un claro ejemplo de cómo esa concepción historicista del marxismo ha influido en nuestra legislación.

En los años 20 del pasado siglo, con el ascenso del fascismo en Italia, Benito Mussolini puso de moda una concepción de las relaciones laborales que no moriría con la caída de su régimen: el corporativismo. Éste se tradujo en la integración de los patronos y los trabajadores dentro del Estado para conseguir así superar la dialéctica de la lucha de clases por su consunción dentro del aparato del Estado fascista. La idea tuvo bastante éxito. En España, después de un tímido intento del dictador Miguel Primo de Rivera, fue su hijo, José Antonio Primo de Rivera, máximo exponente de la recién creada Falange Española, quien se convirtió en el principal sostén del corporativismo fascista en España.

La idea era una “solución de compromiso” entre la teoría marxista y el sistema capitalista (no debemos olvidar que el fascismo surgió como una respuesta de la pequeña burguesía ante la creciente amenaza de la revolución obrera). Sin atreverse a llegar tan lejos como los marxistas, los fascistas no pretendían acabar con la lucha de clases haciendo del Estado el único patrón capitalista y de todos los “ciudadanos” unos obreros del Estado sino que se conformaba con conservar una estructura de capitalismo oligárquico a base de grandes corporaciones monopolísticas al servicio del Estado fascista que se encargaría, por su parte, de asegurar unas determinadas condiciones laborales. En el modelo fascista, por tanto, el Estado no se erigía en patrono sino que acogía en su seno, bajo sus alas, a todos sus polluelos (capitalistas y obreros) con el fin de lograr la mayor gloria de la patria (como correspondía a su nacionalismo exacerbado). Los patrones pertenecerían, pues, a una patronal estatal mientras que los trabajadores estarían integrados, a su vez, mediante un sindicato del Estado o sindicato vertical [1]. Todos los problemas laborales que surgieran se resolverían en ese marco institucional o Estatal acompañado, claro está, del clima de violencia propio del régimen. Mussolini mantuvo la paz social mediante el “persuasivo” argumento de la fuerza.

Después del triunfo de la socialdemocracia, que rechazaba la revolución y, por tanto, renegaba del autoritarismo del socialismo marxista, las tesis de que el Estado se convirtiera en el único patrón quedaron relegadas al olvido. Por contra, el sistema fascista – sin recordar sus orígenes, por otro lado, tan feos– podría resultar más atractivo y podría aplicarse aunque, eso sí, en el contexto de una democracia “socio-liberal”. Así las cosas, nació nuestro modelo de negociación colectiva, a través del cuál, unas organizaciones sectoriales de patrones y trabajadores negocian la normativa laboral de cada sector, los Convenios Colectivos, que gozan de la dudosa virtud de ser normas coercitivamente aplicadas por el Estado que, sin embargo, no han sido aprobadas por ningún parlamento democrático sino por un sistema de lucha de clases [2] respaldada por el derecho y, por tanto, integrada en el Estado socio-liberal.

El origen ideológico y filosófico de nuestro modelo de negociación colectiva podemos encontrarlo, por consiguiente, en el fascismo italiano de Benito Mussolini, aunque con matizaciones de importante calado. Por suerte para nosotros, el modelo fascista sólo ha servido de inspiración en este caso y no en todo lo demás. Eso sí, una de las principales diferencias, que no es poca, radica en la libertad de asociación que trae causa del propio orden político de la democracia liberal [3]. Para el que no está asociado, no obstante, pocas o ninguna son las ventajas de este sistema porque se le priva de su libertad para negociar individualmente las cuestiones que están reguladas por el Convenio Colectivo de su sector. Nuestro actual sistema prima, por tanto, lo colectivo frente a lo individual y lo hace con el respaldo de la ley y de una Constitución que dice garantizar, entre otras cosas, el principio de legalidad de la norma.

Nadie, sin embargo, se alarma por este déficit de soberanía y libertad porque, al fin y al cabo, es por el bien de los trabajadores. El convenio de empresa sí será vinculante en la medida en que mejore el resultado de la negociación colectiva. La negociación en el ámbito de la empresa queda relegada, por tanto, a cuestiones no reguladas en el Convenio Colectivo ni en la legislación laboral y a mejoras no incluidas en el Convenio Colectivo. La lucha de clases ha sido, pues, planteada y resuelta de ante mano por el protector Estado del “Bienestar”. En este contexto, la negativa del gobierno a sacar adelante una reforma laboral él sólo, por la fuerza que le dan las urnas, junto con su empeño para que sea aprobada por los "agentes sociales" no es más que la manifestación clara de una dialéctica de lucha de clases profundamente enraizada en las corrientes totalitarias del siglo XX y que presumen una soberanía sobre la legislación laboral distinta de la soberanía nacional de todos los ciudadanos españoles.

Es indudable que este sistema de negociación colectiva se mueve al margen de nuestro esquema de valores democráticos, pero a nadie le importa en la medida en que sólo perjudique a una minoría. ¿Para qué criticar los fundamentos ideológicos y filosóficos de un sistema tan arraigado si, al fin y al cabo, el sistema político en su conjunto es de inspiración democrática? Pues para defender la libertad y mantener íntegro nuestro intelecto. Ninguna restricción es gratuita, pero nadie parece estar dispuesto a emitir una sola queja en defensa de los pequeños empresarios, los grandes perjudicados por este sistema, ni de los parados, las víctimas indirectas de uno de los sistemas laborales más autoritarios que podamos imaginar en una democracia contemporánea.

______

[1] En esto, el Estado socialista sí era igual. La única asociación sindical permitida sería la del Partido Comunista, mientras que el patrón capitalista es el propio Estado o, lo que es casi lo mismo, el Partido Comunista.

[2] Ese sistema de lucha de clases respaldado por el derecho es, claro está, la negociación colectiva misma.

[3] En este punto hay que recordar que, a diferencia de la actualidad, en la Italia fascista la patronal o el sindicato al que pertenecía el empresario o el trabajador no era de libre elección sino que la afiliación venía impuesta por el Estado.

Violencia política

El pasado 5 de marzo contemplamos un espectáculo bochornoso más. Rosa Díez acudió a la Universitat Autònoma de Barcelona para pronunciar una conferencia –lo normal tratándose de ella–, pero en esta ocasión tuvo serias dificultades. Un numeroso grupo de estudiantes nacionalistas radicales hicieron todo lo posible para boicotear el acto: no querían que se produjera, querían callar la voz de Rosa Díez y asustar. Por desgracia, lo consiguieron.

En primer lugar se dispusieron a irrumpir en el salón de actos donde se iba a celebrar el acto. El rector se vio obligado a trasladar la ubicación de la celebración de la conferencia que, finalmente, fue pronunciada ante un reducido número de personas en un aula. A la salida, los mismos energúmenos de antes (y los de siempre) la siguieron hasta la salida. No dejaban de gritar improperios y consignas mal trabadas. Rosa Díez tuvo que ser escoltada en todo momento; le arrojaron papeles y piedras; incluso se apostaron alrededor del vehículo de modo que parecía que no iba a conseguir salir de allí. El rector también sufrió directamente este acto de violencia: le arrojaron pintura roja. Todo, en su conjunto, fue un acto lamentable de violencia política, una acción deliberadamente ejecutada para cercenar la libertad de expresión no sólo de una ciudadana sino también de una diputada, de una señora que nos representa a todos, y, por añadidura, la libertad de todos aquéllos que tenían la voluntad de escucharla, de acudir al acto en ejercicio de una libertad política fundamental: el derecho de reunión.

Es evidente que esta entrada es una condena de esta acción, una denuncia de la violencia política, del fascismo que tiene tomadas determinadas facultades de este país (ya le ocurrió lo mismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid aunque tuvieron menos éxito), pero es también una manifestación de aflicción por esta parte de la comunidad universitaria envenenada por el totalitarismo, por esos fascistas engañados que creen en la superioridad de una causa sobre las personas. La universidad ha sido siempre un espacio de refugio político incluso en los tiempos más adversos y es por ello que, quizás, con el robo de este espacio público a la democracia es cómo más daño nos hacen.

Y, después de todos estos episodios, yo me pregunto ¿en qué van a quedar estas acciones? ¿Es gratis en este país ir a actos públicos y reventarlos, impedir que la gente exprese sus ideas con libertad? ¿Dónde está el ministerio público, el juez instructor, la policía, la propia universidad si no es investigando a los responsables para emprender acciones legales? ¿Van a quedar impunes? Si cada vez que pasa algo así vamos a quedarnos sin hacer nada, estamos haciendo más que nadie para legalizar el fascismo. Si pensamos que nada nos va ni nos viene por que una diputada tenga que salir escoltada de una universidad mientras le arrojan papeles y piedras, es que no merecemos la democracia porque ésta no sólo está en las leyes o en la Constitución sino que hunde sus raíces en el espíritu de respeto de los ciudadanos. Si nosotros mismos perdemos el respeto por nuestra democracia, sólo nos queda la esclavitud.

______

Noticias relacionadas:

Rosa Díez: 'Soporté a un tipo a dos metros de mí haciendo el gesto de disparo'. El Mundo 8/03/2010

Un grupo de estudiantes intenta boicotear una conferencia de Rosa Díez en Barcelona. El País 5/03/2010

Estudiantes radicales intentan boicotear una conferencia de Rosa Díez en la UAB. EFE 5/03/2010

Estudiantes intentan boicotear una conferencia de Rosa Díez en Barcelona. El Mundo 5/03/2010

El fantasma de los camisas negras

Al amparo de la nueva Ley de Seguridad, Italia se dispone para ver su orden público tutelado, además de por la policía, por grupos de ciudadanos. Entre esos grupos, estarán los promovidos por el ultraderechista Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional, muy cercano al fascismo. La fiscalía de Milán ya está investigando el caso. No obstante, cabe resaltar que la propia ley de seguridad en lo que respecta a esta medida supone un retroceso del estado de derecho. 'Devolver' a los ciudadanos el deber del control de la seguridad en la calle es acabar con una de las tareas principales por las que se supone que el estado debe existir y es, en buena medida, el regreso a la ley del más fuerte. ¿Cómo pueden estar seguros de que esos grupos de personas van a ejercer la fuerza con profesionalidad y, sobre todo, con el respeto a la ley que es especialmente exigible a una autoridad pública? ¿Con qué legitimidad van unos vecinos a mantener el orden? Sólo el estado democrático de derecho debe hacerse cargo de esa tarea y sólo a él corresponde el legítimo ejercicio de la fuerza. El caso de estos grupos neofascistas sólo pone de relieve el grave error de esta reforma y la deriva populista del gobierno de Silvio Berlusconi, que coquetea, en exceso, con ciertas ideas retrógradas en materia de inmigración y seguridad que rozan de un modo alarmante los infranqueables límites de la xenofobia. Sólo es de esperar que finalmente se le ponga freno a este grupo y que los camisas negras permanezcan sólo como un mal recuerdo del pasado.

Ir a noticia