Los derechos de autor y la “Ley Sinde”

Durante el último año trae mucha cola un tema que a algunos no les deja dormir desde que Internet se popularizó: los derechos de autor. Las nuevas tecnologías hicieron mucho más fácil la copia y distribución de material sujeto a derechos de autor y, claro, como pícaros hay muchos, digamos que hay muchas copias por las que no se paga, lo que constituye un ilícito civil que, individualmente considerado no tiene muchas repercusiones, pero que en conjunto produce pérdidas millonarias.

Sobre este tema creo que habría que dejar claros varios aspectos. El primero, que no podemos pretender convertir algo que a todas luces es reprobable en un derecho. Que un autor pueda lucrarse con su obra es consustancial a nuestro sistema. Sorprende ver cómo algunos liberales sostienen que el pirateo no está tan mal. Que el producto no tenga un soporte físico no quita que se esté produciendo una apropiación de un activo, en este caso unos derechos, sin el consentimiento de su propietario. Y, si no, nos cargamos el sistema capitalista y convertimos a esos anarcoliberales en presidentes del politburó. No voy a repetir esa cantinela de que si no hay retribución por el esfuerzo del autor no hay obra... Es evidente que una parte del incentivo de crear es el ánimo de lucro. En segundo lugar, llevando el debate a un terreno más comercial, el pirateo también pone de relieve una falta de modelo de negocio en muchos de los distribuidores tradicionales. Esto parece estar cambiando y en Internet, a la par que se crean problemas, se crean soluciones. Una cosa que no entenderé es por qué muchos canales de televisión extranjeros no te dejan ver sus series porque estás fuera de su país: ponme publicidad interesante para mi área geográfica y déjame ver la serie. Si no, llevan a la gente a acudir a seriesyonkis. En lo que a mí concierne, prefiero ver “How I met your mother” en la CBS.

Por otro lado, las protestas contra la “Ley Sinde” tiene parte de razón: no puede consentirse que en este país la Administración pública pueda cerrar páginas webs. Es cierto que luego nos quedan los tribunales, pero, con lo lentos que son, el ciudadano padecerá, de hecho, una censura previa sin garantías (o con garantías váyase a saber cuándo). Por desgracia, esa práctica, la de que la Administración actúe y luego ya si eso ya tú te arreglas con un juez de lo contencioso-administrativo está demasiado vista en este país, tanto que ni es novedosa llevada al terreno de Internet. En España, si el sistema judicial no funciona, en lugar de arreglarlo, creamos otro paralelo con menos garantías y sin separación de poderes: ¡gran receta! Cuando se te averíe el coche o vaya a ritmo de peatón, cómprate otro sin volante ni frenos a ver qué pasa.