Como todos recordaréis, el juez Tirado no ejecutó una sentencia condenatoria contra el Sr. del Valle, ahora principal sospechoso del asesinato de la pequeña Mari Luz. De haberse ejecutado la sentencia, este crimen no podría haberse ejecutado, pero no fue así. Este ha sido uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España. Primero, por lo tonto que es. Entiendaseme bien, éste no ha consistido en la condena de un inocente. Simplemente, no se ha metido en la cárcel a quien debía estarlo y todo por la inacción de quienes tienen por función ejecutar lo juzgado. No voy a entrar a valorar en qué grado este fallo es imputable al juez o al colapso del juzgado. O a si este colapso es imputable al juez, a la Junta de Andalucía o a ambos. La cuestión es que el error, por sus consecuencias, ha sido gravísimo y ha generado una enorme alarma social a la par que un descrédito brutal en la justicia.
Gran parte de la responsabilidad de que se haya generado tanta alarma social la tiene no sólo el error en sí sino la incapacidad del sistema para depurar responsabilidades. Esto ha sido así por diversas razones. La primera, la Junta de Andalucía, administración que gestiona la justicia en este caso, goza de una inmunidad preocupante. Sus errores no le pasan factura por diversas cuestiones, entre otras, por la ausencia de alternancia, por la inoperatividad de una oposición incapaz de desbancar al gobierno o de controlarlo y por la extensión omnipresente de la política de la subvención, compradora eficaz de voluntades y silencios. La segunda, porque los jueces en España son irresponsables. En todos los sistemas, se plantea el problema de quién controla al controlador. Los jueces son los encargados de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, pero ¿quién los juzga a ellos si comenten errores? Ellos mismos. Esto tiene una consecuencia inmediata en el caso concreto. La sanción que ha recibido la Secretaria judicial del Juzgado de Rafael Tirado ha sido mucho mayor que la del propio juez, al que se le ha aplicado un pequeño lavado de cara en forma de multa de 1500 €, cómodamente abonable para un funcionario del máximo nivel, como es él.
Y es que el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso, es necesario limitarlo. Pero en España esa limitación afecta a todos los poderes del Estado salvo a la justicia, que parece ser infalible como el Papa. Por eso, me causa estupor que los políticos que han aprobado y mantenido este sistema, corrupto por naturaleza, se rasguen las vestiduras por la nimia sanción que ha recaído sobre Rafael Tirado. Vosotros lo habéis querido, así que asumid vuestra responsabilidad política. El legislador ha sido claramente negligente al permitir que toda una casta funcionarial en este país concentre tanto poder al margen de los mecanismos democráticos de control.
Por todo ello, si realmente somos demócratas y defendemos que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido por él mismo o por medio de sus representantes, la única solución digna que podemos hallar en casos como éste es que un jurado popular juzgue y condene a aquellos jueces que incurran en algún tipo de responsabilidad; que sean las partes afectadas y no sólo la fiscalía quien impulse el procedimiento; que éste siga adelante incluso sin la presencia del ministerio fiscal (porque los fiscales tendrán la inclinación natural de ayudar a sus amigos de casta, los jueces y no al pueblo), y que los jueces no tengan la más remota posibilidad de excluir al jurado del procedimiento. El jurado pues debe ser quien decida sobre las vicisitudes de alguno de sus miembros, incluso otro jurado debería ser el competente para decidir sobre la potestad y las facultades de aquél en el caso concreto. El único principio que debe guiar este nuevo sistema es el de excluir a los propios jueces de cualquier decisión sobre la responsabilidad de sus compañeros. Sólo así, familias como las de la pequeña Mari Luz tendrán justicia.
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