Jurisdicción penal universal: ni un paso atrás

El Congreso de los diputados ha dado luz verde a la restricción de la jurisdicción penal universal. La intención de algunos grupos, empezando por el PSOE, es la de volver al criterio de la conexión con España para el posible enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. En esto, como en otras muchas cosas, el PP parece mostrar su acuerdo con el PSOE. Juntos van a conseguir dar un paso atrás en materia de defensa de los derechos humanos. Incluso otros partidos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) han manifestado estar a favor de un reforzamiento del Tribunal Penal Internacional a la vez que de un recorte de la jurisdicción universal en España.

Esta postura, que seguramente no nos cansaremos de oír, no deja de ser la aparente cara amable de una reforma que, en realidad, es un retroceso importante en materia de la ya precaria protección de los derechos humanos. No debemos olvidar que las herramientas de las que dispone el derecho internacional son aún claramente deficientes. Esto se debe a que los sujetos de derecho internacional son los estados y los organismos internacionales. Son los propios estados violadores de los derechos humanos los que deben prestar su consentimiento mediante tratado para crear mecanismos de protección a nivel internacional como el Tribunal de la Haya. El cinismo de la postura de los grandes partidos y de UPyD radica en alabar las bondades de esos mecanismos internacionales de protección al tiempo que ocultan a la ciudadanía que esos mecanismos son inútiles cuando se trata de luchar contra las vulneraciones más flagrantes y, más a menudo, las más impunes. Sin duda, los países occidentales deben hacer un gran esfuerzo por lograr la democratización de países como China, para obtener un compromiso serio en la defensa de los derechos humanos. Pero la comunidad internacional no puede ni debe permanecer de brazos cruzados contemplando como la brutal represión se ceba con civiles inocentes en China, Irán y otros muchos países gobernados por las tiranías más sanguinarias.

Lo cierto es que la jurisdicción penal universal, si no es muy efectiva, sí logra acabar con parte de la impunidad de la que gozan algunos dirigentes mundiales y, en contra de lo que dicen algunos, no es cara ni colapsa la Audiencia Nacional (es un número ínfimo de casos). Por otro lado, cabe recordar que la jurisdicción penal universal responde a la necesidad de perseguir los casos más graves de infracción de los derechos humanos y no cualquier tipo de vulneración. Es, por tanto, una jurisdicción que se justifica por la gravedad que los delitos de lesa humanidad tienen y deben tener para la comunidad internacional. La postura adecuada que debe mantener España, en lugar de dar marcha atrás, es la de ser la adalid europea en esta materia. El gobierno debería impulsar la implantación en toda Europa de la jurisdicción penal universal, no su restricción. Sólo el compromiso del mayor número posible de países occidentales supondría un verdadero punto de inflexión en la materia. De lo contrario, el mensaje que el gobierno estará dando al mundo y a la opinión pública es que realmente no creemos que las vulneraciones más graves de los derechos humanos, se den dónde se den, nos afectan a todos. Nada más lejos de la realidad. La represión que hay en China no es un asunto interno al igual que los fusilamientos del 75 en España tampoco lo eran por más que Franco lo pretendiera. Por supuesto que todos los dictadores, todos los dirigentes de los partidos únicos, todos los déspotas quieren yacer tranquilamente en su cama esperando la última hora sin que les perturbe la acción de la justicia, pero eso no es lo que debe alentar un gobierno que se dice progresista. No hay postura neutral en este asunto ni razones de oportunidad que estén por encima de los derechos humanos.