Sobre la conveniencia de una España federal

El debate sobre la conveniencia de que España se configure como un Estado federal no tiene ninguna presencia en la vida política española. Es un asunto casi desagradable del que nadie quiere hablar y sobre el que se ha hecho mucha demagogia (confundiendo federación con confederación, etc.). Sin embargo, la ausencia de ese debate es más un síntoma que un elemento de normalidad.

España se configura como un Estado Autonómico con semejanzas con el modelo italiano de Estado Regional. No obstante, en los últimos tiempos hemos asistido a un paulatino desbordamiento del sistema y a su mutación de facto. Actualmente, las Comunidades Autónomas gestionan la mayor parte del presupuesto y, lo más importante, la inmensa mayoría de las competencias, muchas de gran trascendencia tanto política como económica, y, por supuesto, todas ellas con una gran relevancia práctica para el ciudadano. El nuestro, es un país más descentralizado que otros que sí son federales de pleno derecho como Alemania. Esto genera ventajas para algunas comunidades bien gestionadas, puede provocar una competitividad sana para todos, pero, en cualquier caso, genera desigualdades entre españoles y, especialmente, dificulta la libre residencia por el territorio nacional en una Europa sin fronteras internas.

Este proceso ha ido acercando a España a un modelo federal por la vía de los hechos, pero el sistema surgido de esa mutación carece de elementos importantes de los que sí está dotado el Estado federal y que hacen que sea un modelo más estable e, incluso, eficiente. Las semejanzas que tiene el sistema actual con el modelo federal son varias. En primer lugar, el alto grado de descentralización. En segundo lugar, los estatutos de autonomía nuevos tienen la estructura de una constitución (parte dogmática y parte orgánica). Esto en la práctica se traduce en que las autonomías han querido ser como los estados federados pues éstos sí tienen una constitución como norma de mayor rango en su territorio, sólo subordinada a la constitución federal. En tercer lugar, la Constitución española tiene una tabla de competencias del Estado, al igual que las constituciones federales. Esta tabla se ve complementada con otra de las competencias de las autonomías, más cercano al modelo regional. No obstante, esto se ve descompensado hacia las autonomías ya que éstas pueden atribuirse aquellas competencias que no estén incluidas expresamente en la Constitución (disposición propia del Estado federal aunque la Constitución no la contempla de forma idéntica). Por último, el análogo del principio de lealtad en nuestro sistema sería el principio de solidaridad interterritorial, dicho mal y pronto.

El principal problema de nuestro sistema es que no está cerrado y que carecemos de un tribunal que ponga límites a dichos desbordamientos con nuestro equivalente a la commerce clause americana. No porque no exista el Tribunal o el principio sino porque, en la práctica, no se aplica. En Estados Unidos, todas las medidas o disposiciones de los Estados federados que los tribunales han considerado que obstaculizaban la libertad de comercio a nivel federal han sido erradicadas del ordenamiento. Sencillamente declaradas nulas por contravenir la commerce clause. Hay que decir que los jueces americanos han sido sumamente estrictos a la hora de aplicar esta cláusula, pero eso, sin embargo, ha ayudado a configurar un sistema más homogéneo.

Partiendo de estas premisas, esto es, el modelo territorial español se asemeja fuertemente a un modelo federal incompleto, una de las soluciones posibles sería hacer de España un Estado federal completo y bien estructurado. Puestos a imaginar, podríamos modificar la Constitución. España se constituiría en un Estado federal compuesto por los Estados federados de Andalucía, Cantabria, Cataluña… Dichos estados federados se regirían por una constitución, subordinada a la federal, y serían idénticos porque el federalismo es en sí un modelo simétrico y no al revés (eso excluye cualquier privilegio foral o tributario). La nueva Constitución federal tendría una única tabla de competencias del Estado federal y las demás competencias estarían atribuidas a los estados federados. Esta es la mejor parte porque, según se hiciera la reforma, nos permitiría configurar un Estado federal con más competencias que el Estado central actual. Esto se puede ver reforzado con una reforma importante del legislativo, que sería más cercano a un modelo alemán. El objetivo de esta reforma sería que en la Cámara Baja se debatieran asuntos de interés general del Estado federal y la Cámara Alta fuera una asamblea de los gobiernos federados que sólo pudiese decidir sobre las materias que afectasen a sus competencias. Así, llevaríamos el debate territorial sólo a una cámara y evitaríamos el efecto pernicioso que, sobre la vida pública, tiene la escasa, pero relevante representación nacionalista. Este objetivo se puede conseguir con diversas reformas de la ley electoral. El poder legislativo quedaría entonces mejor estructurado. Se aseguraría un debate nacional en los asuntos comunes y, por otro lado, una fuerte capacidad de decisión de los gobiernos federados sobre los asuntos de su competencia (gobiernos federados de un amplio espectro ideológico).

Soñar, sin embargo, es gratis. Todos podemos imaginarnos las dificultades que tendría esto con un nacionalismo periférico abiertamente secesionista. De modo, que es una reforma a pactar claramente entre las dos grandes fuerzas políticas que aún se dicen estatales (o qué sé yo). Otro gran obstáculo que tendría el nuevo Estado federal se da actualmente con nuestras autonomías. Resulta evidente que un alto nivel de descentralización es difícilmente compatible con un Estado Social como el nuestro ya que se generan grandes diferencias en las prestaciones sociales de un territorio a otro. De modo que habría que buscar fórmulas para garantizar un mínimo de asistencia homogénea para todos los ciudadanos. Es por eso que un Estado fuertemente descentralizado es más compatible con un Estado liberal donde esas diferencias en las prestaciones es más difícil que se dé. Aunque sin duda la mayor ventaja del cambio es que la gente, al ver, al oír: Estado de Madrid o Estado de Cataluña cobraría conciencia real del nivel de descentralización porque ahora el auténtico problema es que el pueblo llano sigue pensando, en el fondo, que eso de las autonomías es algo de juguete que montaron para que se entretuviera Pujol cuando, en realidad, hemos llegado a un punto en el que el único ministerio con competencias exclusivas es el de Defensa y eso hasta que se cree un ejército europeo.

La cuestión de fondo es precisamente nominal. En España tememos llamarnos Estado federal aunque beneficie al Estado central y dé estabilidad al sistema. Preferimos ser un Estado autonómico desbordado donde todo es posible, pero en el que Cataluña sea una Comunidad Autónoma y no un Estado federado. Aunque ya puestos a soñar, llegará el día en el que este debate se plantee con seriedad, con rigor y sin sentimentalismos… Será ese día en el que los grandes males de España se habrán curado para siempre… Ese día en el que no necesitaremos reformas.