Desde el 6 de agosto hemos asistido a un espectáculo que debería ser poco frecuente en democracia, a saber, la acusación del principal partido de la oposición al gobierno de que se han producido escuchas ilegales. Todo comenzó con unas declaraciones de María Dolores de Cospedal que fueron ampliamente respaldadas por Mariano Rajoy Brey en Galicia, concretamente en la sede de la Diputación de Pontevedra, siguiendo todos los cánones de la coreografía y la oratoria propias. A todo ello siguieron diversas declaraciones, la más sonada, la de Javier Arenas. Todo esto en un contexto en el que, todo hay que decirlo, la oposición no gana para sustos en los juzgados porque, cabe recordar, que amén del sobreseimiento libre de la instrucción sobre los trajes de Camps, el caso Gürtel sigue estando bien presente en los tribunales.
Dicho todo esto, cabe pensar que las acusaciones de escuchas ilegales sin pruebas responden a las siguientes causas: (i) las escuchas realmente se han producido y el PP está esperando el momento oportuno para encauzar judicialmente y con pruebas el caso; (ii) creen que las escuchas se han producido, pero no tienen pruebas sino una mera sospecha basada en indicios más o menos peregrinos, o (iii) se han visto completamente acosados por los casos de corrupción y las escuchas ilegales eran la mejor cortina de humo que se les ocurría para, según la consigna de la mejor defensa es un buen ataque, protegerse de los escándalos judiciales.
Ante todos estos supuestos hipotéticos sólo se me ocurre pensar que la actuación del PP está siendo irresponsable aunque a distintos niveles. En el primer caso, la cuestión es a qué están esperando para presentar las pruebas. Mantener una acusación así sin respaldo de prueba alguna es de por sí irresponsable porque sólo fomenta el descrédito de la clase política, del gobierno y de las instituciones democráticas. Por supuesto, si se demuestra que se han producido las escuchas, el gobierno debe asumir su responsabilidad y cesar inmediatamente a los responsables. En el caso de que tengan meros indicios, deberían haber esperado a conseguir las pruebas antes de acusar al gobierno sin fundamentos suficientes (y no vale alegar como indicio el supuesto acoso judicial). El último caso sería el de mayor gravedad porque supondría que la oposición estaría dispuesta a llegar demasiado lejos en su desgaste al gobierno.
En cualquier caso, los días se suceden y la cuestión parece que no sólo no se ha movido un ápice sino que ha desaparecido de los medios. De modo que el PP debería replantearse en qué ha quedado la cosa porque, hasta que no prueben nada, lo mínimo que podemos pensar es que han actuado con mucha frivolidad y poca ética democrática. Ellos verán hasta qué punto les preocupa salvar su propia cara.
Declaraciones de María Dolores de Cospedal: elmundo.es y elpais.com
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2 comentarios:
La verdad es que tienes razón, ahora bien analizando las tres posibilidades tenemos:
1.- Sería de tontos no ir por la vía judicial.
2.- Es la más plausible.
3.- Sería gravísimo y se caería al nivel del PSOE o más.
La verdad es que tenemos antecedentes, y si no recordemos las escuchas aleatorias en los tiempos de Felipe, las cuales siempre tocaban al jefe del estado (Rey) o personas incómodas al gobierno.
La verdad es que es cierto que los antecedentes nos ponen sobre aviso, pero creo que están tardando demasiado en concretar y eso es peligroso. Que pongan pruebas ya encima de la mesa para que puedan caer los responsables que es lo que nos interesa a todos y si no, que dejen de sembrar la sospecha, que no cuela y es muy poco leal con la democracia y los ciudadanos.
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