Análisis crítico de 'Un enemigo del pueblo'

El pasado 27 de marzo, viernes, tuvo lugar el estreno de una obra del dramaturgo Henrik Ibsen (siglo XIX), Un enemigo del Pueblo, dirigida por mi amigo Jorge Morla en el Colegio Mayor Elías Ahúja. La obra me gustó y me apasionó tanto el tema que me he decidido a escribir sobre ella. Para los que no la hayan visto o leído, dejo un enlace para que puedan hacerlo y, en cualquier caso, recomiendo la lectura del cuarto acto, el de mayor carga ideológica (página 100 y siguientes).

Sostiene el autor que hay dos clases de personas intelectuales: las plebeyas y las patricias. Lo que las distingue es su servidumbre moral e intelectual al criterio de una persona de la que se es esclavo espiritual. Sólo las personas con un pensamiento libre, no supeditadas a esa pleitesía moral se han convertido en la aristocracia intelectual que debe decidir qué es la verdad y qué no. La teoría política vagamente formulada por boca del Dr. Stockmann apunta que la mayoría se equivoca porque está conformada por estúpidos plebeyos y que sólo dicha élite de intelectuales tiene la razón. Esa minoría posee, según el autor, unas ideas más avanzadas que el resto y que sólo son abrazadas por la mayoría cuando ya son verdades viejas. Claro que, entonces, la nueva élite intelectual sigue por delante con sus nuevas ideas. Ibsen es, por tanto, partidario de una vanguardia intelectual al más puro estilo platónico aunque ignoro muy bien cómo pretende reconducirlo al sistema político. La primera gran frase polémica de dicho acto dice así: El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal. El mal está en la maldita mayoría liberal del sufragio, en esa masa amorfa. He dicho.

Las polémicas palabras de Ibsen, formuladas en un contexto histórico que aún desconocía el totalitarismo, no tienen nada de nuevo. Sin embargo, parten de un error que, probablemente, esté muy extendido. Éste consiste en que el objetivo de la democracia, de la representación elegida por sufragio universal es tener la razón. Nada más lejos de la realidad. Existen insignes errores en los funcionamientos de la democracia. El más sonado fue la condena a Sócrates por el tribunal de los 500. Quinientos ciudadanos atenienses que, siendo vecinos suyos, lo condenaron a muerte por mayoría. Éste quizá es el ejemplo más llamativo porque en el mundo antiguo no hubo civilización tan democrática ni avanzada como la griega y, dentro de ésta, la ateniense. No obstante, todo ha cambiado mucho desde entonces. Ahora no hay esclavos y el gobierno se ordena de forma bien distinta. En lugar de haber democracia directa hay democracia representativa. La justicia, además, se dice en los tribunales por funcionarios cualificados para ello. El jurado es en nuestro país una excepción y está sometido a la doble instancia, como casi todos los procesos penales. La pena de muerte está abolida. Aún así, se siguen dando errores judiciales. Sin embargo, no quiero desviarme del tema, que no es la justicia sino el gobierno.

Puede que sea posible aceptar una lectura meramente intelectual de las palabras del señor Stockmann. Sin embargo, si es cierto que Ibsen se refiere a los librepensadores (así lo interpreto yo) como la clase aristocrática que debe regir la humanidad porque tiene la razón, cae en un primer error: pensar que toda persona no subordinada en su forma de pensar a otra es más infalible que otra que sí lo está. El error es consustancial al hombre, también a los librepensadores. La libertad de pensamiento parece conferir a esa aristocracia una especie de distinción respecto de sus vecinos. Sin embargo, es posible que esa cualidad se traduzca en una mayor talla moral o no. Sin que sirva de precedente, mencionaré que Bakunin en su obra Dios y el Estado, haciendo una extravagante interpretación del mito de Adán y Eva, califica a Satanás como el primer librepensador que liberó al hombre incitándole a probar del árbol de la Ciencia del bien y del mal. Valga esto como ejemplo del ir y venir que puede dar la mente librepensadora.

Es muy loable pretender ejercer libremente el pensamiento en su sentido máximo. Es bueno tratar de liberar nuestro intelecto de las ataduras históricas, sociales, culturales y demás condicionantes externos e internos. Es deseable ponerlo todo en duda, tratar de cuestionarlo todo y reconstruir nuestros conocimientos. Sin embargo, estos condicionantes son tan fuertes y a veces tan inaccesibles para nosotros que toda esa labor ingente no nos garantiza el habernos liberado plenamente. Esto junto con nuestras capacidades limitadas y nuestra perspectiva necesariamente parcial hace que el librepensador se distinga de su vecino en poco más que su actitud. Sin embargo, esta actitud no garantiza la verdad de las opiniones de los librepensadores ni que tengan razón. Su conocimiento es tan precario como el de cualquier otro ser humano. Luego no es verdad que esa élite intelectual tenga razón o conozca la verdad. Sólo sabemos con certeza que es la minoría arrogante que dice saber la verdad (al menos eso es lo que sucede con el Dr. Stockmann) y esto es sumamente peligroso.

Sin embargo, otra cuestión bien distinta es que tengan que gobernar los que tienen razón. Ya hemos visto la imposibilidad de que se pueda afirmar categóricamente que alguien, por su supuesta cualidad moral, pueda tener la Razón. Sin embargo, si esto fuera así y el señor Stockmann tuviera la razón absoluta, tampoco él debería gobernar, ni siquiera él sería necesariamente el más indicado para ejercer ese ministerio público. Uno de los errores más comunes es que los sistemas políticos deben garantizar que gobiernen los que saben (esto viene ya de Platón).

Ninguno de los autores que conozco que ha tratado la cuestión de la constitución de la comunidad política ha planteado el tema en esos términos. El fundamento básico de la comunidad política es que se constituye para la defensa de los derechos del ser humano. La ley del más fuerte es derogada por la comunidad política, que instituye por consenso social un orden de igualdad y libertad donde todos tienen garantizados unos derechos. El ejercicio de la soberanía por parte de los individuos de la comunidad política garantiza que el gobierno no se va a ejercer en detrimento de los propios gobernados, que es de lo que se trata. De esta forma, los ciudadanos pueden poner y quitar gobiernos. Pero, además, es preciso que la legislación y el gobierno respeten esos derechos para los cuales se constituye la comunidad política y sin los cuales ésta no tiene razón de ser. Esto último es el fundamento del derecho de resistencia ante los gobiernos injustos, base de la Revolución Americana y, sobre lo cual, John Locke construyó su defensa de la Revolución Inglesa (El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil).

La cuestión última es, por un lado, que ningún ser humano puede arrogarse más razón que otro en la medida en que todos tienen los mismos derechos y deben velar con igual soberanía por sus intereses y, por otro, que el poder corrompe. Jean-Jacques Rousseau critica el sistema de gobierno unipersonal por el evidente conflicto de intereses en el que se halla la persona que detenta todo el poder. Por otro lado, el principio de división de poderes proviene de la teoría de Montesquieu sobre la base de que el poder absoluto corrompe absolutamente.

Esta máxima se ha verificado constantemente en nuestra historia, más aún en la reciente. La concentración del poder sin control y sin la posibilidad de removerse es de por sí la constitución de una dictadura. Podemos pensar que nuestros políticos tienen convicciones democráticas porque no cometen excesos autoritarios en el ejercicio del poder, pero la realidad es que el sistema se lo impide porque están controlados por las urnas y por los jueces. Sólo una mayoría favorable a la dictadura puede acabar con la democracia. Por eso algunos hablan de la debilidad de nuestro sistema, pero lo cierto es que es más fácil poner de acuerdo a una gran mayoría en un sistema democrático que en elegir a un dictador porque cada grupúsculo querría poner al suyo. Por ello, las dictaduras se suelen imponer por la fuerza de las armas y no por la fuerza de las mayorías, que si las respaldan es, en realidad, porque su libertad está coartada por el miedo o la intimidación. Lo que se consigue con las democracias no es tanto tomar las decisiones correctas porque la mayoría también puede cometer errores (aunque creo que menos que un solo hombre) sino limitar al máximo las posibles desviaciones en el ejercicio del poder y, sin duda, conozco muchos más casos de regímenes absolutos, autoritarios y totalitarios donde el poder ha sido mal ejercido, donde la iniquidad ha acampado a sus anchas, que de democracias, donde además es más fácil depurar responsabilidades.