La solución no es más socialismo

Por lo que se ha comentado en algunos medios de comunicación sobre el cambio de gobierno, parece ser que Pedro Solbes era un estorbo por sus reticencias a aplicar políticas económicas más de izquierdas ante la crisis y que el nombramiento de Elena Salgado permitiría ese giro socialdemócrata. Como no me parece una tesis descabellada y como el mayor logro de Salgado en los últimos meses ha sido lanzar el Plan E, he creído conveniente escribir sobre este giro socialista del gobierno.

Creo que el primer error que se está dando en este contexto de inestabilidad es que el libre mercado ha fracasado y que hay que ir a un sistema de mayor intervención. Algunos están impresionados con los planes de rescate multimillonarios de bancos. Argumentan que si países tan liberales como EEUU o Reino Unido están haciendo eso, el modelo liberal ha fracasado y hay que ir a la socialdemocracia. Sin embargo, cabe distinguir dos tipos de intervenciones: las coyunturales y las estructurales. A mi modo de ver, las intervenciones en los bancos son coyunturales por varias razones. La primera, la caída de las entidades financieras puede provocar un efecto dominó por las vinculaciones entre los distintos balances de los bancos. A esto hay que añadirle la desconfianza. No es asumible que los ciudadanos tengan incertidumbre sobre sus depósitos y sobre el tráfico bancario, máxime si la mayor parte del dinero es dinero bancario y no dinero físico como tal. La quiebra del sistema financiero nos devolvería a un sistema preindustrial con una oferta monetaria brutalmente restringida y unas dificultades tremendas para hacer circular el dinero. Por todo ello, los bancos deben sobrevivir a toda costa y el Estado debe respaldarlos (esto al margen de las responsabilidades individuales oportunas que haya que depurar). No obstante, esta intervención debe responder a una situación de urgencia, limitarse a lo estrictamente necesario para asegurar el reflote de la entidad y levantarse en cuanto desaparezca el peligro. Por ello es coyuntural y responde a una situación excepcional, de una gravedad importante para todo el sistema y, por tanto, para la sociedad libre.

Además de estas intervenciones, se han adoptado medidas para devolver la confianza al sistema financiero: subir la garantía de los depósitos, avalar los créditos en el interbancario, comprar activos a los bancos. Todo esto es positivo. Sin embargo, esta crisis exige desarrollar otras reformas estructurales. El libre mercado como modelo no está en crisis. El camino de la recuperación es precisamente que los mercados vuelvan a funcionar y que puedan hacerlo en el futuro mejor a cómo lo estaban haciendo, de forma más eficiente, para que la recuperación y el crecimiento sea posible.

Para ello, es fundamental plantear las reformas necesarias en el sistema financiero. Es necesario evitar que se vuelvan a producir abusos como los que hemos visto, pero ante todo se trata de dotar de mayor seguridad al sistema. La libertad es positiva, pero siempre puede ejercerse con efectos perniciosos para los derechos de los demás y, en el tráfico económico, además, con perjuicio para la seguridad en el tráfico. Mejorar esa seguridad y proteger los derechos de los inversores con eficacia favorecerá el buen desarrollo del mercado financiero mundial. Esto exigirá una profunda revisión del sistema de agencias de rating, de las propias auditoras y del funcionamiento de muchos bancos de inversión, entre otros, pero también es preciso aprender de los efectos perversos que ha tenido la intervención de algunos reguladores en la creación y expansión de esta burbuja incontrolada.

Por otro lado, la reactivación económica requiere medidas medidas estructurales. La obra pública no es la solución. Quien debe crear puestos de trabajo es el sector privado, pero esto no ocurrirá hasta que no se incentive de nuevo la actividad económica. Para ello, es necesario reducir la administración, las trabas procedimentales, hacer una reforma laboral importante, bajar los impuestos, favorecer la inversión en los sectores más competitivos y hacer reestructuraciones importantes de los sectores menos competitivos, dándoles un nuevo enfoque. Por contra, el fomento del sector público puede maquillar a corto plazo las estadísticas, pero tendrá un efecto perverso en el largo plazo. Toda esa intervención exige, desde ya, una captación de recursos de los que se priva al sector privado y que, además, se emplean de forma más improductiva (sí, la administración es más ineficiente). Toda esa actividad monstruosa de la administración va a exigir, como mínimo, mantener o subir los impuestos y, además, va arrebatar a las empresas la captación del ahorro privado que, con la emisión de deuda pública, se va a ir para el Estado. Conclusión, con tanto intervencionismo, al sector privado le va a resultar aún más difícil captar financiación, gran paradoja considerando que se quería conseguir precisamente lo contrario.

Sin embargo, afrontar todas las reformas estructurales de las que he hablado no es fácil y crearán numerosos conflictos sociales que desgastarán al ya maltrecho gobierno, que ha elegido la vía fácil del mantenimiento del status quo (no a las reformas) junto con la peligrosa expansión del sector público. La inestabilidad a la que llevará esta política forzará al final la adopción de todas esas medidas, sólo que se harán tarde y por las malas. El tiempo que podríamos ahorrarnos sería maravilloso. Tal vez vaya desgranando las líneas básicas de cada una de las reformas imprescindibles.