Ahora que este año 2008 se va, toca hacer balance. En lo que respecta a este blog, creo que podemos darnos por satisfechos. Hemos mantenido las expectativas iniciales de variedad tanto por el contenido como por el continente: hemos incluido artículos, tanto propios como recomendados de otros medios y hemos compartido algunos vídeos. Todo ello con la única finalidad de mantener nuestra mente despierta; de seguir pensando, escribiendo, y de mover a la reflexión y al debate. Una vez comprobado que hemos sabido hacer lo que nos habíamos propuesto, sólo queda esperar que el próximo año publiquemos más entradas, de mejor calidad y que seamos más. En definitiva, que todo siga para mejor. Un saludo a todos. Que tengáis un feliz y próspero año 2009.
miércoles, 31 de diciembre de 2008
lunes, 29 de diciembre de 2008
La irresponsabilidad de los jueces
Como todos recordaréis, el juez Tirado no ejecutó una sentencia condenatoria contra el Sr. del Valle, ahora principal sospechoso del asesinato de la pequeña Mari Luz. De haberse ejecutado la sentencia, este crimen no podría haberse ejecutado, pero no fue así. Este ha sido uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España. Primero, por lo tonto que es. Entiendaseme bien, éste no ha consistido en la condena de un inocente. Simplemente, no se ha metido en la cárcel a quien debía estarlo y todo por la inacción de quienes tienen por función ejecutar lo juzgado. No voy a entrar a valorar en qué grado este fallo es imputable al juez o al colapso del juzgado. O a si este colapso es imputable al juez, a la Junta de Andalucía o a ambos. La cuestión es que el error, por sus consecuencias, ha sido gravísimo y ha generado una enorme alarma social a la par que un descrédito brutal en la justicia.
Gran parte de la responsabilidad de que se haya generado tanta alarma social la tiene no sólo el error en sí sino la incapacidad del sistema para depurar responsabilidades. Esto ha sido así por diversas razones. La primera, la Junta de Andalucía, administración que gestiona la justicia en este caso, goza de una inmunidad preocupante. Sus errores no le pasan factura por diversas cuestiones, entre otras, por la ausencia de alternancia, por la inoperatividad de una oposición incapaz de desbancar al gobierno o de controlarlo y por la extensión omnipresente de la política de la subvención, compradora eficaz de voluntades y silencios. La segunda, porque los jueces en España son irresponsables. En todos los sistemas, se plantea el problema de quién controla al controlador. Los jueces son los encargados de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, pero ¿quién los juzga a ellos si comenten errores? Ellos mismos. Esto tiene una consecuencia inmediata en el caso concreto. La sanción que ha recibido la Secretaria judicial del Juzgado de Rafael Tirado ha sido mucho mayor que la del propio juez, al que se le ha aplicado un pequeño lavado de cara en forma de multa de 1500 €, cómodamente abonable para un funcionario del máximo nivel, como es él.
Y es que el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso, es necesario limitarlo. Pero en España esa limitación afecta a todos los poderes del Estado salvo a la justicia, que parece ser infalible como el Papa. Por eso, me causa estupor que los políticos que han aprobado y mantenido este sistema, corrupto por naturaleza, se rasguen las vestiduras por la nimia sanción que ha recaído sobre Rafael Tirado. Vosotros lo habéis querido, así que asumid vuestra responsabilidad política. El legislador ha sido claramente negligente al permitir que toda una casta funcionarial en este país concentre tanto poder al margen de los mecanismos democráticos de control.
Por todo ello, si realmente somos demócratas y defendemos que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido por él mismo o por medio de sus representantes, la única solución digna que podemos hallar en casos como éste es que un jurado popular juzgue y condene a aquellos jueces que incurran en algún tipo de responsabilidad; que sean las partes afectadas y no sólo la fiscalía quien impulse el procedimiento; que éste siga adelante incluso sin la presencia del ministerio fiscal (porque los fiscales tendrán la inclinación natural de ayudar a sus amigos de casta, los jueces y no al pueblo), y que los jueces no tengan la más remota posibilidad de excluir al jurado del procedimiento. El jurado pues debe ser quien decida sobre las vicisitudes de alguno de sus miembros, incluso otro jurado debería ser el competente para decidir sobre la potestad y las facultades de aquél en el caso concreto. El único principio que debe guiar este nuevo sistema es el de excluir a los propios jueces de cualquier decisión sobre la responsabilidad de sus compañeros. Sólo así, familias como las de la pequeña Mari Luz tendrán justicia.
sábado, 27 de diciembre de 2008
El ala oeste de la Casa Blanca (serie)
domingo, 14 de diciembre de 2008
La crisis NINJA
viernes, 12 de diciembre de 2008
Disolución de los Aytos de ANV
lunes, 8 de diciembre de 2008
jueves, 27 de noviembre de 2008
La importancia de la laicidad en una sociedad democrática
Recientemente ha surgido la polémica sobre el papel de lo religioso en el ámbito público a colación de la sentencia que ordenaba la retirada de un crucifijo en un colegio público de Castilla y León. Ante esta resolución judicial, algunos colectivos católicos y la propia Iglesia (yo no) se han sentido ofendidos. Lo han considerado una agresión y, en palabras de algún obispo español, un síntoma de cristofobia en una sociedad enferma. Así que me propongo escribir este artículo primero como ciudadano y, después, como creyente, pero separando planos distintos a los que les corresponde debates diferenciados.
Primero, como ciudadano, afirmo que la identificación entre lo público y lo religioso es un error que conduce a la exclusión del resto de la población que no es creyente de esa religión. El máximo respeto a la libertad religiosa exige, en primer lugar, la salvaguarda del Estado del ejercicio de ese derecho humano fundamental, pero no debemos olvidar que eso sólo puede ser así si el Estado permanece neutral, sin religión, al margen del ámbito religioso porque, de lo contrario, ¿cómo es posible que un budista sienta que su ejercicio de la libertad religiosa está protegido por un Estado que usa un símbolo religioso distinto? Parece evidente pues que quien se puede sentir desprotegido (tampoco necesariamente ofendido) es el no creyente católico que, al ver el crucifijo en la escuela pública, pensará que su derecho a la libertad religiosa no está o puede no estar suficientemente salvaguardado. La neutralidad del Estado en ese sentido es una obligación democrática porque todos los ciudadanos somos iguales sin distinción, en este caso, de religión. Y del mismo modo que el Estado por sí no tiene ni sexo ni ideología tampoco puede tener creencia.
Pero, más aún, como ciudadano, creo que no sólo el Estado sino también el ámbito de lo público, la res publica (cosa pública) y, por extensión, su debate, debe permanecer también neutral. La pretensión de hacer política desde la religión es legítima, está amparada en los derechos humanos, pero no es ética. El debate político debe ser un debate ideológico al margen de la religión. Pretender convertir aspectos de la moral religiosa en derecho positivo es una perversión democrática según la cual se quiere imponer el ejercicio de una religión a todos los ciudadanos sin considerar que se está vulnerando su derecho a la libertad religiosa. Es una exigencia democrática, por tanto, que el ciudadano se posicione políticamente en el debate al margen de sus creencias particulares. Esto no quiere decir que en el ámbito público no deba haber valores o principios supremos: los hay. Precisamente porque los hay éstos entran en conflicto con los creyentes que quieren imponer los valores supremos de su religión.
A mi juicio, los valores supremos de nuestras democracias deben basarse en el nuevo régimen que establecieron nuestros padres, los revolucionarios destructores del Antiguo Régimen, a saber, libertad, igualdad y ley. El debate político debe moverse en ese ámbito, el respeto a los derechos humanos, informados por esa libertad y esa igualdad, dentro de la ley, limitadora no sólo de las conductas lesivas de los individuos sino también de la acción represiva del Estado. Ésta es la referencia, no ninguna religión.
¿Por qué digo esto? El papel que ha jugado la religión históricamente en occidente ha sido muy negativo en su vertiente pública. Así como es verdad que ha contribuido a formar excelentes personas dignas de admiración, también ha sido un terrible instrumento de poder. La Edad Media es conocida también como Edad Oscura porque es un periodo tenebroso en la historia de la humanidad. Es un periodo dominado por la superstición, el oscurantismo, la intolerancia. En nombre de Cristo y de espaldas a él se han hecho las barbaridades más atroces. Las guerras de religión sólo en Europa (entre cristianos) se han cobrado innumerables vidas, al tiempo que en los propios países multitud de individuos, entonces súbditos, han padecido las consecuencias de su represión. No voy a hablar sólo de las quemas de brujas y herejes (personas librepensadoras); de la expulsión de judíos y moriscos, de la exhortación a convertirse al cristianismo... Personas a las que debemos los grandes avances del ser humano también han padecido. Servet murió en la hoguera, entre otras cosas, por adelantar que la sangre circulaba por el cuerpo. Galileo se vio abocado a rectificar (es el absurdo de que los sacerdotes quieran ser físicos o astrónomos). Voltaire, Rousseau, Diderot fueron grandes figuras del pensamiento europeo fuertemente combatidos y vilipendiados por la ortodoxia política y religiosa de su tiempo. Pero, ¿qué decir del propio Darwin? Los fanáticos no descansan y ahora exponen su descabellada teoría del diseño inteligente (el mito de la creación con adornos)...
Cabe resaltar también que la Iglesia siempre ha sido un freno para el progreso del hombre. En su momento, apoyaron la monarquía absoluta frente a los revolucionarios. Preferían el Antiguo Régimen (y algunos otros regímenes totalitarios siempre que tuviesen control social). Y, conforme la libertad se ha ido expandiendo en las sociedades Europeas, se han sentido más fuera de lugar, más incómodos. Ahora que la libertad es más real que nunca, Rouco Varela afirma que la sociedad está enferma. Dígame una cosa ¿Por qué está enferma la sociedad? ¿Tal vez porque no todos entienden que deben vivir como usted piensa? ¿Por qué tiene la osadía de descalificarme a mí, de insultarme, llamándome enfermo (en el sentido moral)? No juzgarás y no serás juzgado. Céntrese en ver la viga en el ojo propio. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Acaso no pueden dos personas rehacer sus vidas tras el fracaso de un matrimonio o tienen que permanecer unidos obligatoriamente a una experiencia de convivencia que ha resultado ser un fracaso? ¿Por qué hacen renunciar a sus creyentes a su libertad obligándoles a contraer matrimonio para toda la vida? ¿Por qué se oponen radicalmente al ejercicio de la libertad religiosa no dejando a los creyentes apostatar?
Es esta Iglesia católica la que tiene una visión enfermiza de la sociedad, no la sociedad la que está enferma. Donde ven libertad quieren ver vicio, depravación, horror, destrucción y apocalipsis. El normal discurrir de las cosas, esto es, que cada ser humano tenga sus propias percepciones, sus creencias, su forma de pensar, lo consideran peligroso. Precisamente porque esta sociedad nuestra es el mejor ejemplo de convivencia que se puede recordar, ellos no están cómodos. Esa forma de convivencia va contra la imposición totalizadora de su fanatismo. Prefieren un matrimonio roto, pero unido, una familia destrozada que permanece junta guardando las apariencias y lavando la suciedad en casa a dos familias monoparentales. Son visiones antagónicas. Yo creo que la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable del ser humano (ver Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América). Desde su perspectiva, lo importante es la subordinación a un Dios cuyos dictados tienen el monopolio de interpretar, no la rectitud moral. Al final se trata de lo de siempre: poder, imposición, intransigencia.
Por eso me duele especialmente, porque, en mi condición de creyente, yo intento llevar mi vida conforme a mi fe con respeto a los demás, sin ánimo ni pretensión de imponer. Porque mi visión es abierta, crítica, racional. Porque más allá de la religión y su moral, está la filosofía y la ética. Porque creo que siempre hay que dejar sitio para el pensamiento libre. Porque la religión es un asunto íntimo y personal, porque el fanatismo religioso (incluso el proselitismo) pervierte la espiritualidad de todo ser humano. Querer utilizar la religión como un instrumento de poder constituye la prostitución de la fe, su traición. De modo que sólo pido respeto de los que se supone que son mis líderes religiosos y respeto, como ciudadano, a vivir mi fe en privado y a respetar. Confundir la espiritualidad de un pueblo con su nivel de exhibicionismo religioso es un error gravísimo.
lunes, 24 de noviembre de 2008
El existencialismo es un humanismo
martes, 18 de noviembre de 2008
Articulazo de The Economist
lunes, 17 de noviembre de 2008
Los orígenes de la crisis con un poco de humor
Hoy, que hemos sabido que Japón se ha unido a la recesión que invade la zona euro, no está de más tomarse la crisis con algo de humor viendo este vídeo.
sábado, 15 de noviembre de 2008
Cómo cerrar Guantánamo
Recientemente hemos sabido que el equipo del presidente electo de EEUU, Barack Obama, está concretando el cierre del centro de detención Camp Delta en la base norteamericana de Guantánamo en Cuba. Esto es de por sí una buena noticia, un motivo de alegría. Felicito a Obama por todo lo que esto supone: la corrección de uno de los peores errores de EEUU. Aunque la pregunta que se plantea es qué va a pasar con los presos.
Lo cierto es que no sabemos realmente cómo se va a llevar a cabo todo el proceso, pero parece que va a estar rodeado de excepcionalidad. La propuesta demócrata que hemos conocido contempla el traslado a otros países de unos 60 detenidos susceptibles de ser puestos en libertad, la celebración de juicios ante tribunales ordinarios y, en los casos más sensibles para la seguridad nacional, la celebración de juicios ante tribunales especiales. Esto es lo que no se puede asumir. EEUU ha sido tremendamente imprudente al secuestrar a estas personas a lo largo y ancho del mundo y al haberlas mantenido detenidas ilegalmente. Ha sido EEUU quien ha vulnerado los principios más elementales del derecho en las democracias occidentales. Son ellos quienes deben, más tarde o más temprano, asumir las consecuencias de lo que han hecho, poner en libertad a aquéllos contra los que no puedan formular acusación alguna, llevar a los demás detenidos ante el juez competente (si es que lo hay en EEUU) y asumir que puedan ser puestos en libertad por falta de pruebas o incluso absueltos tras juicios ordinarios.
Lo que no es asumible es que se cambie una situación de irregularidad por otra de excepción que permita convertir en legal lo que ha supuesto una vulneración de los derechos humanos más elementales. De modo que le reclamo desde aquí al Sr. Obama que sea consecuente con sus convicciones democráticas: nada de tribunales de excepción. El respeto por los derechos humanos exige una respuesta intachable por parte de los Estados, situaciones como las de Guantánamo socaban desde dentro las democracias incluso con más fiereza que el propio mal que se persigue combatir. Por ello, no caben excepciones a la hora de reparar un error semejante.
Por supuesto, otra cuestión a dilucidar es quiénes son los responsables de esos secuestros, y de la instalación y mantenimiento de ese campo (autores intelectuales incluidos). Todos deberían ser juzgados y el Estado debería indemnizar a los detenidos por todos los daños causados. Claro que pedir justicia parece demasiado... De momento conformémonos con el cierre de Guantánamo, con el cese de los secuestros y con que todos sean juzgados en tribunales ordinarios.
lunes, 10 de noviembre de 2008
¿Quién no entiende la crisis?
Una de las personas que más ha contribuido a que comprenda bien las causas de la crisis actual es mi profesor de Derecho Mercantil II, D. Juan Fernández-Armesto, presidente de la CNMV entre los años 1996 y 2000, reputado árbitro internacional, ex-socio del Bufete Uría & Menéndez y un largo etcétera que lo convierten en una de las grandes figuras de ICADE.
Por todo ello, quiero compartir con vosotros una entrevista que le hicieron para el diario La Nueva España y que apareció publicada el 17 de agosto del presente año. En ella esboza a grandes rasgos las causas de la crisis y su vertiente española principalmente. La explicación simplificada que os dejo de la crisis es un compendio general, que incluye parcialmente el contenido de la entrevista, aunque es aconsejable leerla. Los eslabones de la cadena que nos han llevado a esta situación actual se pueden concretar en lo siguiente:
En EEUU, los bancos concedieron préstamos poco seguros, pero con una alta rentabilidad (al tener mucho riesgo se cobran a un alto tipo de interés). Estos préstamos y hipotecas basura han permitido acceder a diversos bienes a muchas personas de bajas rentas y con pocas garantías.
Dichos préstamos son activos para los bancos, que esperan cobrarlos algún día. Estos activos fueron empaquetados y difundidos mediante sofisticados productos financieros, en muchas ocasiones a través de sociedades vinculadas en paraísos fiscales. A esto se añade que la remuneración de los directivos iba ligada a los resultados a muy corto plazo. Así se fomentaba la inversión en este tipo de activos.
Las agencias de rating, encargadas de calificar la calidad de dichos activos (las hipotecas basura en última instancia) les dieron la máxima calificación. Así convirtieron malos activos (con altos riesgos de impago) en activos de buena calidad, lo que no dejaba de ser una ficción. Esto se basaba en análisis históricos, pero hasta entonces todo había ido bien.
Como consecuencia de estas inversiones en malos activos calificados como buenos, los balances de los bancos dejaron de ser fiables. Esto suponía desconocer realmente la solvencia de las entidades de crédito, es decir, su capacidad para hacer frente a sus deudas, también con los otros bancos. Llega un momento en que la situación es insostenible, los riesgos de impago empiezaron a aflorar y la desconfianza entre los propios bancos fue en aumento. Esto provocaba que dejasen de prestarse dinero entre sí. La consecuencia es que su precio sube, hay menos liquidez (menos dinero) y la concesión de préstamos se contrae brutalmente. Sin dinero en el mercado financiero, la economía real no puede financiarse, esto es, obtener recursos monetarios para seguir con su actividad. Esto conlleva un descenso de la actividad económica y desempleo. El consumo también se contrae porque baja la confianza y porque ahora nadie concede créditos para la compra de bienes (por ejemplo, la venta de coches se contrae significativamente). Esto también es causa y consecuencia de que baje la actividad económica. Al haber menos consumo, menos demanda, la producción tiene que disminuir. Esto provoca paro, que a su vez hace bajar el consumo y así sucesivamente.
La situación española es pecualiar porque a los coletazos que nos llegan de la crisis financiera internacional hay que añadir nuestra propia crisis típica del ladrillo como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Pero esto es otra historia. Se trata de una crisis tradicional relativamente fácil de superar. En cualquier caso, sí resalta Fernández-Armesto que la situación de la banca española es envidiable porque las restricciones del Banco de España limitaron considerablemente la inversión en esos activos tóxicos y por las restricciones contables que impuso. Nuestro país es un buen ejemplo de como una buena supervisión es positiva para evitar estas tan temidas crisis de confianza.
Ir a página web de Juan Fernández-Armesto
jueves, 6 de noviembre de 2008
La gravedad de las declaraciones de la reina
En los últimos días, ha saltado la polémica por la biografía de Pilar Urbano, la Reina muy de cerca (yo diría demasiado cerca). Como todos sabemos, la reina comentó temas de actualidad con la autora del libro, que ha reflejado las opiniones regias. Sin embargo, lo más llamativo no es que la reina se haya convertido en una tertuliana más, a pesar de que estuvieramos acostumbrados a otra cosa, sino las reacciones que ha suscitado. En general, la defensa de doña Sofía ha sido una constante. Es más, hay quien se ha convertido en el adalid de la denostadísima libertad de expresión de SM. En fin, no me voy a molestar en explicar que la Reina no es una ciudadana cualquiera y que si quisiera serlo más valdría cambiar la forma de gobierno. La cuestión es que prácticamente todos los medios y todos los partidos, salvo los más radicales, han criticado la toma de partido de la reina. Ello con una honrosa excepción en el Partido Popular: Esteban González Pons (hay que amonestar públicamente a UPyD por su inacción). Nunca había reparado en él. Pensaba que no aportaba nada, pero ha demostrado tener claras ciertas cosas. Ha dicho que la reina debe ser como la bandera: que va a los actos oficiales, pero no hace declaraciones, es neutral (dicho mal y pronto). Ha sido la única declaración sensata que he oido. Y es que a pesar de lo abrupto del argumento de Pons, éste no deja de tener un fondo de verdad. Eso sí, ha dejado en evidencia al Partido Socialista más monárquico acérrimo que he visto en años. Han salido en jauría a por el pobre Esteban.
La cuestión es que la monarquía constitucional ha de basarse en la neutralidad de la familia real porque, de otro modo, se hace requisito democrático indispensable la República de tal modo que los ciudadanos puedan finalmente valorar la labor efectuada por la Jefatura del Estado. Así, si doña Sofía fuese la mujer del Presidente de la República Española yo no volvería a votar a D. Juan Carlos en la reelección (o al candidato de su partido) porque estoy rotundamente en desacuerdo con las declaraciones de su esposa (sobre educación, sobre el matrimonio, etc). Pero como no puedo elegir democráticamente quien ostenta la Jefatura del Estado, más vale que guarden la neutralidad que nos deben para que sí puedan ser reyes de todos los españoles y no sólo de algunos. La cuestión no es tanto del fondo de las palabras de la Reina sino de las propias palabras en sí, en tanto que quebrantan los deberes de la Corona.
Por desgracia, parece que este tipo de cosas no inquietan a nadie. Sin embargo, la gravedad del asunto es más seria de lo que podemos imaginar. Para muchos españoles, doña Sofía ha dejado de ser imparcial para pasar a embarrarse en el lodazal reservado a los políticos. Su imagen para los demócratas es ahora reprochable. Nos queda el consuelo de que el Rey, mucho más listo que todo eso, aún no ha cometido la imprudencia de departir sobre cuestiones del debate político con los periodistas (a menos que sepamos). De otro modo, habrá que proclamar la República. No sería la primera vez que un borbón nos defrauda... Aunque tengo que aclarar que mi confianza en D. Juan Carlos es mucho mayor. Por cierto, Pilar Urbano se va a hacer de oro. Aquí os dejo el enlace por si queréis comprar su libro.
miércoles, 5 de noviembre de 2008
El leviatán, Obama y los socialistas europeos
En los últimos días he podido observar con asombro como la izquierda europea babeaba contemplando el magnánimo rostro del ya electo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pues bien, todo esto es una gran mentira. Si alguien, por un tremendo error de apreciación, ha podido siquiera imaginar alguna vez en su vida que los demócratas son como los socialdemócratas europeos, le diré que es como tomar por aquivalentes las yardas y los metros.
En este día de tantas alegrías por la victoria demócrata, yo me incluyo, se hace necesario a este lado del atlántico aclarar ciertas cosas. El modelo europeo de Estado del Bienestar se apoya sobre la base de un Estado omnipresente en la sociedad; un régimen tributario confiscatorio; la dependencia de los ciudadanos, y la práctica inexistencia de la propiedad tal y como la conocíamos.
El Estado omnipresente en la sociedad es un elemento clave del sistema, común a toda Europa. Se caracteriza porque el Estado es un agente principal del mercado y porque el Estado vive por los propios ciudadanos. Que sea el principal agente no es nada nuevo. Todos los días estamos rodeados de prestación de servicios públicos, la inmensa mayoría de gestión directa por parte del sector público: autobuses urbanos, interurbanos, metro, cercanías, trenes de larga distancia, infraestructuras, colegios, universidades, sanidad, correos, recogida de basuras, suministro de agua, seguridad... Durante todo el día hacemos uso directo de infinidad de servicios públicos o de servicios dados en régimen de concesión administrativa. Cuando nos duchamos, nos lavamos los dientes, cuando oimos la radio o vemos la televisión, cuando cogemos el transporte público... Por vía directa o indirecta, el Estado está muy presente en nuestras vidas e influye de forma determinante en la actividad económica mediante todas las regulaciones sectoriales, la intervención directa de empresas y la propia actividad administrativa (la potestad sancionadora de la administración es escalofriante). En segundo lugar, el Estado europeo nos dice cómo tenemos que vivir, nos trata como a niños malos, desobedientes o, simplemente, mal educados o desinformados. Para más inri, las campañas del 'Gobierno de España'. Es un modelo paternalista, receloso de la libertad, intervencionista, opresor... Y un lastre para la actividad económica. Los tiempos para crear una empresa en España multiplican con creces los de Estados Unidos. Vivimos en una burocracia, en el gobierno de los funcionarios. Funcionarios ineficientes que nos hacen perder mañanas enteras en papeleos ridículos ¿Por qué? Porque llegará el día en que tengamos que pedir una licencia administrativa para tirarnos un peo y habrá que pagar un canon por contaminar con nuestros gases intestinales. Y habrá inspectores que supervisarán el sector del gas metano intestinal en España, pero serán inspectores autonómicos... Y habrá diecisiete cuerpos de inspección y diecisiete directores generales con sus diecisiete sueldos diez-mileuristas y sus diecisiete tarjetas de crédito y sus diecisiete coches oficiales de lujo ¿Os suena? No me estoy inventando nada.
El régimen tributario es confiscatorio. Sólo me remito al límite que opera sobre los impuestos de la renta y del patrimonio que, conjuntamente, no pueden gravar más del 50% de la renta del contribuyente. ¡El 50%! El Estado puede llevarse hasta LA MITAD de sus 'ganancias'. Gracias a la providencia, no todos los contribuyentes tendrán que pagar tanto, pero los límites generales como estos nos dan una idea bastante acertada de por dónde debemos situarnos. El modelo es caro y hay que pagarlo.
La dependencia de los ciudadanos del sector público se hace patente de forma constante: subvenciones, becas, concesiones, contratos públicos, subsidios por desempleo, la jubilación. No digo que no haya determinados elementos positivos, pero es evidente que tanta trasferencia de renta a las familias por parte del sector público genera una dependencia brutal del ciudadano frente al Estado de tal forma que llegan a tejerse verdaderas redes de clientelismo: sublimación de la corrupción moral y económica del sistema.
El cuarto pilar de este Estado absorvente es la redefinición de la propiedad. El concepto de propiedad decimonónico se halla en nuestro Código Civil (1889). La propiedad es entendida como un derecho real que otorga a su titular el dominio pleno de la cosa. La propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) tiene la propiedad entre uno de los cuatro derechos naturales e imprescriptibles que las asociaciones políticas han de proteger. La propiedad gozará de ese reconocimiento en nuestra Constitución de 1812 y será un elemento constante en el constitucionalismo español del siglo XIX. Sin embargo, actualmente la regulación del Código Civil es prácticamente inaplicable. Su efectividad se ve ampliamente limitada por una descomunal normativa administrativa totalizadora de la realidad económica: el dominio público, los bienes de interés público y utilidad social (susceptibles de expropiación), etc. Tener un solar no sirve para nada con el Código Civil en la mano. Si quieres construir, más vale que la normativa de urbanismo, el Plan General de Ordenación Urbana y el Ayuntamiento de turno tengan a bien alinearse como los astros para que el constructor pueda ejercer su actividad. Eso sin contar con la ingente normativa laboral y de la seguridad social, la normativa de consumo, la normativa bancaria... En fin, ha llegado el punto en el que ser abogado no es garantía para resolver todas esas cuestiones. Ahora hay que ser abogado especializado. La definición más acertada de propiedad sería: derecho de dominio sobre la cosa que la administración, en su infinita sabiduría, concede graciosamente a su titular.
Sin embargo, lo más llamativo es que este Estado del Bienestar, tan poderoso como asfixiante, sólo nos ha conducido a depender del sector público, a perder buena parte de nuestra libertad y a disfrutar de unos servicios públicos ineficientes, insuficientes y malos. La verdadera realidad de nuestro modelo es que es tremendamente caro y que sirve para mantener una clase política burocratizada, sin carisma ni liderazgo y prolífica hasta límites insospechados. Efectivamente, la capacidad de nuestro modelo para crear políticos y funcionarios inútiles es fascinante.
Quiero pensar que en EEUU es el sector privado el que marca los tiempos, que el sistema no está burocratizado, que la sociedad civil existe y que la propiedad aún tiene su sentido. Confío en que ese modelo no esté agotado, en que la crisis sólo genere mejor regulación del sector financiero y que las intervenciones actuales sean meramente coyunturales (algo típicamente anglosajón). Obama quiere mejorar ese modelo, suplir algunas carencias, pero en ningún caso quiere crear un monstruo estatal omnipresente y todopoderoso a la europea. Por eso creo que Obama es mucho más liberal que los liberales europeos (como yo) y que las simpatías que despierta entre conservadores y socialistas europeos no es más que un espejismo. Confío en Obama para salir de la crisis. Yes we can.
martes, 4 de noviembre de 2008
La catedral de Liverpool
Si eres fan de los Beatles, sin embargo, tienes alguna que otra cosa que hacer. Comprar un souvenir en The Cavern, posar con la estatua a tamaño natural de John Lennon que flanquea la puerta del inmortal pub, pasear por Penny Lane o tumbarte en el césped del Strawberry Field.
Fuera de eso, alguna guía te recomendará visitar la catedral anglicana (la quinta más alta del mundo) e, incluso, el Liverpool John Lennon Airport. El hecho de que un aeropuerto esté incluido entre los monumentos más destacados de una ciudad creo que habla por sí solo.
La verdadera catedral, sin embargo, se encuentra junto a Stanley Park, justo antes de cruzarse con la Utting Avenue. Esa catedral, consagrada a los paganos (o a los fieles de esa religión del siglo XXI llamada fútbol), se llama Anfield Road y, desde 1982, acoge una particular misa dominical: los partidos del añejo Liverpool Football Club.
Anfield fue originalmente propiedad de John Orrell, un cervecero local que decidió, a comienzos de 1884, dar algún tipo de salida cabal a su inmueble alquilándoselo por una mísera cuota al Everton, por aquel entonces único equipo notable de la ciudad del Mersey y, a la postre, encarnizado rival del actual club poseedor del campo. Siete años después, John Houlding, compañero en el gremio de Orrell, concejal de la ciudad y gran aficionado al fútbol, decidió hacerle una oferta de compra a su colega, tan hastiado con su propiedad como con el rudo y aburrido deporte que en ella se practicaba.
Una vez completada la compra, el flamante nuevo casero decidió triplicar el alquiler demandado al Everton, por lo que el club toffee (llamado así por la notable afluencia de vendedores de caramelos en los alrededores del estadio) decidió poner pies en polvorosa rumbo a un nuevo y mayor campo: el frío Goodison Park.
Houlding, que no había querido abandonar el estadio, entre otras cosas, porque era el propietario de un pub muy cercano al mismo y no quería perder el dinero que los aficionados gastaban allí antes y después de los partidos, decidió tirar por la calle de en medio. En 1892, junto a tres jugadores escindidos del Everton y una veintena de socios, fundó el Liverpool (al principio llamado, curiosamente, Everton Athletic), que comenzó a jugar en aquel viejo y vacío estadio, que debido a su proximidad con una calle homónima, comenzaría a llamarse Anfield Road. El modesto conjunto jugaba con la equipación azul heredada del anterior club, y completó su plantilla con ocho futbolistas escoceses, fichados por el propio Houlding tras una gira relámpago por el país vecino. Un año después, aquel equipo (conocido como el ‘Macteam’, por la abundancia de escoceses) ganó sin perder un solo partido la liga de Segunda y ascendió a la máxima categoría, comenzando entonces a producirse un choque que ha vivido más de doscientas ediciones, marcadas por una tremenda igualdad.
Más de un siglo después, contando con un número casi idéntico de españoles que de aquellos primigenios escoceses, el ahora denominado “Spanish Liverpool” recibe hoy a un Atlético de Madrid que, más de cuatro mil días después, vuelve, tras tres simulacros en otras tantas jornadas, a vivir y a sentir el verdadero y genuino ambiente de la Liga de Campeones, la competición con más solera del planeta. Veintidós protagonistas que, al filo de las nueve de la noche, respirarán hondo, mirarán al frente, apretarán los puños y recorrerán en fila india los pocos metros que separan del césped al angosto túnel de vestuarios de Anfield, ese que en todo momento, a poco que levanten la vista, les avisará de dónde están, de la historia muda que se acumula bajo las baldosas que están pisando. Y comprenderán que, como dijo Bill Shankly, ex entrenador y mito del Liverpool, “el fútbol no es cosa de vida o muerte; es algo mucho más serio que todo eso”.
lunes, 3 de noviembre de 2008
¿El fin de la cordura? No del todo.
domingo, 26 de octubre de 2008
La Constitución de la República Española de 1931
Desde hace varios años, se están suscitando en la opinión pública española numerosos debates sobre la Segunda República y la Guerra de España. La verdad es que todo lo que afecta a este periodo resulta ser polémico, parece levantar viejas heridas o ahondar en profundos traumas colectivos. Nada más lejos de eso, me propongo hacer un breve análisis sobre distintos aspectos de la Constitución de 1931 para que los lectores conozcan mejor los fundamentos jurídicos y políticos del régimen republicano.
La Constitución de 1931 define España como una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Esta afirmación afianza la firme vocación democrática y social de la República al tiempo que erige como sus valores supremos la libertad y la justicia. Se afirma la soberanía popular; la emanación del pueblo de todos los poderes; la participación directa de los ciudadanos en la política (referéndum e iniciativa legislativa popular); el compromiso con la Sociedad de Naciones y la paz internacional, así como se reconocen y amparan todos los derechos y libertades individuales. Esto tendrá su plasmación en todo el articulado del texto constitucional y supone un gran avance democrático en la historia de nuestro país.
El modelo territorial
La estructura territorial del nuevo Estado se corresponde con la de un sistema a la carta de regiones, en lo fundamental muy similar al que inicialmente prevé nuestra Constitución con algunos cambios. Así, aquellas provincias con peculiaridades culturales o históricas que lo deseen podrán iniciar un proceso para acceder a la autonomía (la formulación de nuestra Constitución parece un plagio). Este procedimiento goza de todas las garantías democráticas y de una triple legitimidad: la de los ayuntamientos, la del cuerpo electoral de las provincias afectadas y la del Congreso de los Diputados (la fórmula cambia respecto a las preautonomías de la transición). Una vez constituidas, las regiones gozan de unas competencias amplias, especialmente en materia de ejecución, aunque también gozan de competencias legislativas. El Estado se reserva la aprobación de legislación básica, se prohibe expresamente la diferenciación de trato a un ciudadano de la República en función de su región y se reservan para el Estado aquellas competencias que, sin estar expresamente recogidas en la Constitución, no se hayan atribuido a la región en su estatuto de autonomía. El Tribunal de Garantías Constitucionales es el competente para resolver los conflictos de competencias. Asimismo, se establece la posibilidad de reversión. La provincia que desee dejar de formar parte de una región puede hacerlo mediante la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos y del censo (un régimen mucho más flexible que el actual). La Constitución recoge la posibilidad de que por ley nacional se dé un reconocimiento mayor a las lenguas regionales. Asimismo, su conocimiento y uso podrá imponerse por ley. Esto se ve completado por las disposiciones en materia de educación que garantizan, mejor que ahora, la enseñanza del castellano.
La forma de gobierno
La forma de gobierno es la republicana aunque con peculiaridades que la hacen difícilmente asimilable al parlamentarismo o al semi-presidencialismo. Quizás tiendo a inclinarme más por la segunda si bien sería una especie de híbrido (considerando que por entonces no se hablaba de semi-presidencialismo es difícil que responda plenamente a esta estructura). Es una mezcla entre el sistema francés e italiano con elementos de EEUU. La relación entre el Presidente de la República, el ejecutivo y el parlamento son cuanto menos peculiares. El jefe del estado es elegido conjuntamente por el Congreso de los Diputados (poder legislativo) y por una asamblea de compromisarios exclusivamente elegida para la elección del Presidente de la República. Es un tercium genus entre la elección directa del presidencialismo y la indirecta del parlamentarismo. Goza así de una doble legitimidad y ostenta el cargo durante seis años sin posibilidad de reelección hasta trascurridos otros seis años sin ejercer el cargo. El mandato excede en dos los años que dura una legislatura lo que posibilita que haya bicefalia porque la elección de la asamblea no tiene por qué coincidir con la del Congreso y puede darse el caso en que salga elegido un Presidente de la República que no goce con la mayoría del poder legislativo.
Esto puede complicar la labor de gobierno. ¿Por qué? La razón es clara. El jefe del Estado no es una figura simbólica, como en el parlamentarismo, sino que goza de ciertos poderes importantes. Por ejemplo, es él quien nombra al Presidente del Gobierno y no el Congreso. Sin embargo, el Congreso sí puede retirarle la confianza y forzar el nombramiento de un nuevo jefe del ejecutivo. En caso de bicefalia, la política ha de erigirse al máximo nivel para que el Pte de la República nombre a quien pueda gozar de la confianza de la Cámara. Además, éste tiene competencias en materia internacional (de tratados y guerra principalmente -ésta con amplias limitaciones), en la adopción de medidas urgentes, en la disolución del Congreso (máximo de dos veces en su mandato) y en la promulgación de las leyes, además de otras facultades en las que ha de contar con la aprobación del ejecutivo. De hecho, tiene un inusitado poder de veto, lo que aleja este modelo del parlamentario. El Pte de la República puede devolver las leyes al Congreso, antes de promulgarlas, y sólo si éste las vuelve a aprobar por mayoría de dos tercios (¡amplísima mayoría!), estará obligado a promulgarla. Este poder de veto, sólo existente en EEUU con tanta fuerza, donde se enmarca en otro contexto, es de facto un contrapoder legislativo difícilmente superable por una Cámara tan fragmentada como esta. Por último, el legislativo puede destituir al Pte de la República siempre que los compromisarios también lo aprueben y, lo más curioso, si no lo hacen, el Congreso se disuelve y aquéllos eligen a un nuevo Pte. de la República. Esta extravagante fórmula asegura la posibilidad de que haya un cambio al frente de la jefatura del Estado al tiempo que fuerza al Congreso a recurrir a este recurso sólo en última instancia pues ponen en riesgo su propio asiento de diputado. La última peculiaridad es extremadamente llamativa. En EEUU el vicepresidente es, al mismo tiempo, el Pte. Del Senado (el legislativo es bicameral). Pues en España, esta Constitución no recoge la figura de vicepresidente, pero en caso de ausencia o impedimento temporal del jefe del Estado, cumplirá la función de Pte de la República el Pte. Del Congreso.
Como vemos, es un sistema complejo, que asegura un cierto personalismo del régimen sin riesgo de excesos, pero con el grave peligro de la inoperancia, en caso de bicefalia, riesgo no despreciable incluso para los países más sólidos. Los efectos que esto pudo acarrear se los dejo a los historiadores.
Los derechos y libertades
El régimen Repúblicano viene dotado de un amplio reconocimiento de los derechos y las libertades individuales y de sus plasmaciones colectivas. Sin duda, es una de las Constituciones más avanzadas de su época. Su título tercero se divide en dos capítulos. El primero, de las garantías individuales y políticas, recoge el catálogo de derechos, su protección y las remisiones necesarias a una regulación posterior. El segundo, de la familia, la economía y la cultura, recoge normas de contenido diverso. Este capítulo, propio del siglo XX, representa la ruptura española con el constitucionalismo decimonónico y constituye, junto con la figura kelseniana del Tribunal de Garantías Constitucionales, uno de los elementos más modernos de esta carta magna. Se plasma así la nueva preocupación política por la justicia social.
El primer capítulo goza de una especial protección. Consagra el principio de no discriminación; el principio de legalidad; el habeas corpus; la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como los restantes derechos y libertades (entre ellos la libertad sindical). En materia religiosa, el texto es estricto. La laicidad del Estado toma buena forma en este capítulo. Garantiza la libertad de cultos, pero restringe la actividad económica y educativa de las órdenes religiosas. Un párrafo del artículo 26 está redactado para la disolución de los jesuitas por su mandato de obediencia a otra autoridad que no es la del Estado, esto es, el Romano Pontífice. Definitivamente, la voluntad del constituyente es acabar con los antiguos privilegios eclesiásticos de una forma radical a la par que respetuosa de los derechos individuales. El capítulo también recoge algunas obligaciones, especialmente en materia de defensa nacional, y los supuestos de suspensión de derechos (con muchas limitaciones y garantías).
El segundo capítulo equipara los hijos nacidos fuera del matrimonio y dentro de él; establece las obligaciones de los padres para con sus hijos; instituye la igualdad entre los cónyuges, y reconoce el divorcio. Todo este contenido refleja la voluntad del constituyente de no dejar a merced de los avatares políticos cuestiones tan relevantes del derecho matrimonial. En materia de economía, el texto refleja diversas limitaciones a la propiedad privada propias de constituciones contemporáneas. Habilita al Estado para expropiar y para intervenir en la economía al tiempo que deja la riqueza nacional afecta a las cargas públicas que legalmente se impusieran (nada más cercano a nuestro modelo actual). También se advierte la preocupación por los asuntos del campo. Por último, recoge numerosos derechos para los trabajadores (aunque no tan amplios como los actuales) y en materia de enseñanza (es laica; la educación primaria es obligatoria y gratuita; reconoce la libertad de cátedra...). Aunque lo más relevante en los tiempos que corren son las garantías que en materia de educación se establecen para la enseñanza del castellano en aquellas regiones con otra lengua. Quizás sea más ilustrativo recoger el primer párrafo del artículo 50: las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República (esto ahora es imposible). Esto nos permite afirmar que los derechos lingüísticos estaban mucho mejor garantizados en la República que en la actualidad.
Conclusión
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico emanada de la soberanía nacional que debe recoger las normas básicas de funcionamiento del Estado y garantizar los derechos y libertades fundamentales, haciendo posible la alternancia política en democracia y el gobierno de distintas fuerzas políticas. Con todo esto en mente, la Constitución de 1931 es una buena constitución, pero adolece de falta de consenso. Es un texto muy avanzado. Sin duda, de no haber habido guerra civil, España podría seguir rigiéndose por ella. Pero el país no estaba preparado. Su aprobación se hizo con el voto en contra de toda la derecha tradicionalista e importantes reticencias en la izquierda revolucionaria, que representaban por entonces un importante sector de la población. Los constituyentes de entonces sacrificaron el consenso en favor del progreso de España. Se enfrentaron al binomio estabilidad-progreso y optaron por este último. Tal vez, el único consenso posible fue el que se obtuvo. Quizás, un acuerdo con los tradicionalistas habría minado el carácter moderno de la República y habría legitimado los movimientos revolucionarios emergentes. Es difícil saberlo. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo para promulgar una Constitución. Esta vez tampoco fue distinto. Ese lastre lo llevaría siempre.
_____________
Más información:
sábado, 25 de octubre de 2008
Otra canallada franquista
jueves, 23 de octubre de 2008
Friedman por Krugman
Inauguremos blog, y hagámoslo hablando de economía. Quisiera compartir con ustedes, queridos lectores, un excelente –y extenso- artículo aparecido en el diario El País este fin de semana firmado por el premio Nobel de Economía de este año, Paul Krugman. Como por todos es sabido, las tesis de este conocido y polémico profesor de la Universidad de Princeton son neokeynesianas, y no es de extrañar que sea precisamente ahora, cuando estamos sumidos en una crisis financiera, que le haya llegado el Nobel.
El artículo en cuestión se trata de una crítica al neoliberalismo y a la que quizás haya sido una de sus figuras más representativas: el economista y también premio Nobel Milton Friedman. Defensor del libre mercado, la desregulación y el liberalismo, las tesis del economista de la Escuela de Chicago han sido puestas a prueba en las últimas décadas, y quién mejor que un firme detractor suyo, como es Krugman, para explicárnoslas. No les entretengo más, y les dejo el enlace más abajo. Tómense su tiempo, y disfruten.
martes, 21 de octubre de 2008
Bienvenidos
Este blog ha nacido para que unos cuantos amigos pongamos en común artículos propios y curiosidades varias de la red sobre actualidad y cultura. No hay mejor manera de mantenerse activo y de pensar que escribiendo. Así que os animo a publicar desde el primer momento, a promover el debate, a contestar los artículos de otros o a comentar noticias. Y, ya que estamos, os animo también a ser reivindicativos, críticos, a proponer soluciones, a recomendar un buen libro o una película... pero recordad siempre evitar el estilo panfletario.