¿Será la Puerta del Sol la nueva Tahrir?

A partir del primer minuto de mañana sábado, España puede parecerse más a Egipto y la Puerta del Sol a la Plaza de Tahrir por una sencilla razón: puede que veamos imágenes de civiles inocentes siendo desalojados por la violencia del Estado y privados, así, del libre ejercicio de su derecho de reunión y manifestación. Y es que la cuestión que se plantea es interesantísima en términos de ciencia política y derecho constitucional. Siguiendo una doctrina puramente positivista, el imperio de la ley dicta que los indignados sean desalojados, casi diría, cueste lo que cueste, incluso si eso implica una carga policial e iniciar una batalla campal.

Sin embargo, la historia nos muestra que la teoría no es siempre la práctica y que el poder de lo fáctico, especialmente en política, cuenta. Una acción violenta por parte de la policía para disolver las concentraciones en toda España, sería claramente contraproducente para el gobierno y podría incluso acabar mal para algunos responsables policiales si, al final, el Tribunal Constitucional, siguiendo su propia doctrina, avala la legalidad de las concentraciones. Por otro lado, esas acciones se volverían como un boomerang en contra del gobierno y, por extensión, del sistema. Las simpatías hacia los concentrados aumentaría y se resentiría la imagen internacional de España como país democrático.

Es evidente que la ley es la que es, que la decisión de la JEC también está ahí y que el Estado de Derecho es una garantía a preservar por todos porque nos da seguridad jurídica. Sin embargo, como en otros muchos acontecimientos de alcance histórico, donde lo que se dirime es la política al más alto nivel, las consideraciones de carácter jurídico-técnico pueden ser las más puristas, pero no siempre las más sensatas. Si el gobierno decide que se limitará a garantizar que las concentraciones no entorpecen el ejercicio del voto, la decisión de la JEC no se habrá cumplido plenamente, pero la Puerta del Sol tampoco se convertirá en el espectáculo lamentable de la represión policial de un movimiento pacífico y democrático en el nombre de la propia democracia. Espero que ante la tensión inconciliable creada por la JEC, que parece anteponer la supervivencia del sistema al libre ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, prevalezca el sentido común y no se perturbe el curso de la protesta en la medida en la que esto no afecte el ejercicio del derecho al voto. De lo contrario, veremos aflorar la verdadera naturaleza del Estado: la violencia.

La Junta Electoral prohíbe todas las protestas del sábado y el domingo
El Mundo. 20 de mayo 2011.