jueves, 16 de junio de 2011

Pobre coartada intelectual para boicotear un parlamento democrático

Una lema se extiende entre los indignados: "que sea legal, no quiere decir que sea justo". Sin saberlo, una afirmación iusnaturalista más vieja que la tos. Desde que se conoce que hay derecho, aunque no haya habido catedráticos de teoría del derecho, siempre ha habido quien ha estado dispuesto a argumentar que no toda ley positiva es justa con diferentes consecuencias.

Aunque muchos de los indignados lo ignoren, esta postura, en su vertiente moderada, ha sido defendida tradicionalmente por autores liberales o precursores del liberalismo, eso que tanto denuestan sin saber. Pensadores como John Locke pusieron los elementos básicos de la teoría de los derechos civiles y la representación. Según Locke [1], un pueblo al que las instituciones no le protegen dichos derechos tiene derecho a rebelarse contra sus gobernantes. Lejos de ser muy revolucionario, Locke sólo daba cobertura intelectual a los revolucionarios ingleses que proclamaron rey a Guillermo de Orange después de destronar al católico Jacobo. La otra corriente, la positivista, con cabezas tan visibles como Kelsen y precursores como Rousseau, después de Platón y Marx, probablemente uno de los filósofos con los que más discrepo, defienden a capa y espada que la ley positiva es justa.

Desde mi más tierno contacto con el derecho, he tenido muy claro que ese positivismo es absurdo pues las leyes del nazismo, el fascismo, el comunismo o el nacionalcatolicismo eran perfectamente positivas, aprobadas conforme a los procedimientos legales establecidos y ejecutadas conforme a la ley… sin que a nadie en su sano juicio se le ocurra decir que aparte de positivas eran justas, además, por el simple hecho de ser positivas. Una vez salvado este extremo, también existe otro extremo en el iusnaturalismo ontológico que confunde absolutamente legalidad y moralidad. Es el iusnaturalismo de los padres de la iglesia católica, los escolásticos y demás pseudofilosofía rendida a los pies de la religión. Toda una coartada intelectual para que el Papa no sólo mandara en su territorio sino en todo el orbe cristiano por encima de los monarcas.

Frente a estas dos posturas extremas, yo siempre he visto más razonable un iusnaturalismo deontológico. Mi postura particular es que en el marco de un ordenamiento jurídico que reconozca, garantice y ampare los derechos humanos, y en el que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes, es posible que la ley sea injusta, pero eso no es justificación suficiente para no acatarla y respetarla. El derecho de rebelión, es decir, el de violar la ley por ser injusta, tan sólo puede justificarse en el contexto de un régimen que no cumpla al menos uno de esos dos requisitos: derechos humanos y representación.

La razón es muy sencilla. Evidentemente no vamos a ser tan ingenuos como para decir que toda ley positiva, aun en una democracia, es justa. Sería abdicar de nuestra conciencia y nuestro sentido de la ética en favor de una mayoría parlamentaria. Es un absurdo, pero tampoco podemos sostener como legítima una rebelión contra un régimen democrático. El hecho de que la democracia tenga mecanismos para articular la protesta y hacer reformas, deslegitima todo conato de rebelión, como el de los indignados de estos días, que han decidido ser más que nadie en Catalunya e impedir que el Parlament se reúna. Actitudes como ésa sólo sirven para deslegitimar el movimiento y acercarlo a personajes “"ilustres"” como el general Pavía o Tejero. Es evidente que a ellos no les faltarán sus escolásticos: ahí están Marx, Engels o Lenin entre otros, pero actitudes antidemocráticas como esas sólo van a servir para acabar con la simpatía hacia el movimiento y para legitimar la coerción estatal. “Aturem el Parlament” podría ser, traducido al castellano, el lema del General Franco. Como suele decirse, los extremos se tocan.

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[1] Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil