Una de las grandes falacias de la transición es la aconfesionalidad del Estado. Como todos recordaban como la iglesia católica se había opuesto furibundamente a perder sus privilegios durante la segunda República, pensaron que lo mejor sería no desairarla de nuevo no fuera ser que empleara todo su poder para volver a desestabilizar la democracia en España y, efectivamente, mientras los políticos apañaban esta Constitución de naturaleza hiperelástica, los hombres del régimen pactaban con la Santa Sede un nuevo concordato que nos sacara de la Edad Media en la que nos había sumido el firmado en 1953. La idea no era mala en términos pragmáticos y la iglesia había evolucionado lo suficiente desde 1931 como para intentar un acuerdo sensato (el Concilio Vaticano II había aprobado, entre otras cosas, la libertad religiosa, la cual había negado hasta entonces).
Sin embargo, este modelo, que se vio consagrado en la Constitución como “Estado aconfesional” con la colaboración con las principales confesiones, no fue más que el pretexto para que la iglesia católica siguiera manteniendo en España su papel predominante y para que, en ciertas cosas, no cambiara nada en España. Es cierto que recuperamos la libertad religiosa perdida y que el parlamento volvió a ser soberano en materia de derecho civil, pero ahí han permanecido los tratos privilegiados en materia económica, fiscal, educativa y militar; ahí perduraron los crucifijos durante demasiado tiempo en edificios públicos; ahí se han seguido viendo las juras de los sucesivos gobiernos no sin el símbolo cristiano.
Esta preponderancia, este privilegio, podría darse sin que hubiera habido concordatos, pero es que, además, la propia idea de que el Estado deba pactar con las principales confesiones religiosas es el mayor símbolo de la vinculación religiosa del Estado, de la sobrelegitimación de las confesiones religiosas. El Estado no debería dar un tratamiento distinto a las confesiones religiosas del que da a las demás asociaciones y, sin embargo, lo hace. No sólo les da ese tratamiento especial sino que lo blinda a través del instrumento de los Tratados internacionales (en el caso de la iglesia católica) y, al hacerlo así, limita su propia soberanía porque es bien sabido por todos que un tratado internacional sólo puede modificarse mediante otro tratado internacional posterior. El constituyente, al fijar este modelo, limita la soberanía de la nación, el poder del parlamento, al mero papel de un ratificador de tratados y lo hace en un asunto que afecta ni más ni menos que a la vinculación del Estado con ese otro Estado extranjero que es el Vaticano.
Este es el gran engaño, la gran burla de la laicidad que se perpetró en la transición. Pero, no nos engañemos, ni el pueblo español ni los políticos españoles estaban dispuestos a ir más lejos, a dotarse de un Estado democrático y de derecho laico que se diera plena soberanía en materias tan importantes como la enseñanza de la religión católica. Pesaba, una vez más, la fuerza de la tradición... El catolicismo como una losa que nos sigue oprimiendo y nos impide ser un país adulto. Desde 1978, la iglesia católica ha seguido teniendo el mismo comportamiento con España que había tenido siempre: ha seguido jugando el papel de tutor moral de este país. Se han arrogado la facultad de decirle al legislador, desde arriba, con una voz más autorizada que el resto, lo que debía hacer y lo han hecho con motivo porque para el Estado español, ésa es una voz más autorizada que, por ejemplo, la de la iglesia evangélica de España.
Pero no vamos a resignarnos. Como decía Thomas Paine, las Constituciones lo son de la generación presente. Por eso, no debemos resignarnos sino reivindicar que queremos vivir en un país libre, con un Estado laico que no privilegie a nadie por ninguna razón ni porque tenga más poder económico ni más poder social ni más poder religioso. La etapa de la renuncia debe acabarse porque el Estado es de todos y no hay falacia más grande que una mayoría, por muy católica que sea, merezca un trato mejor.
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